Artículo de Damián Rubio publicado en Infolínea
Desde el año 1970 podemos
observar en Sierra Espuña a los arruís o muflones del Atlas, que fueron
introducidos con fines exclusivamente cinegéticos. Se trata de una especie
invasora, puesto que no es autóctona de este territorio, y esto ha originado
una serie de problemas importantes desde su presencia en este espacio
protegido.
El hecho de no tener depredadores
naturales en este territorio, ha dado lugar a que el número de cabezas haya
proliferado muchísimo hasta ocupar otras sierras colindantes, tales como las de
Carrascoy, Ricote o María, por citar algunas de ellas, en busca de alimento.
Ésta también es la causa de que invadan las zonas de cultivo próximas a las
sierras donde habitan, creando con ello graves problemas a los agricultores,
que se las ven y se las desean para conseguir algún tipo de indemnización por
los destrozos sufridos en sus propiedades.
La Administración Regional
empieza a darse cuenta de que la introducción de este ungulado se ha convertido
en un “mal negocio”, puesto que son más los gastos que provoca su mantenimiento
que los beneficios obtenidos por la actividad cinegética. De hecho, en las últimas
temporadas es mayor la oferta de cabezas para abatir que las cobradas en última
instancia. Los datos oficiales indican que quedaron sin cazar más del 30% de
las piezas ofertadas.
Otro de los problemas generados
por la caza del arruí es la acumulación de cadáveres que quedan esparcidos por
Sierra Espuña, ya que una vez abatidos y conseguido el trofeo, los cuerpos
decapitados quedan como alimento para los animales carroñeros, que resultan
insuficientes cuando el número de cadáveres es importante. Noticias recientes
indican que, hasta septiembre de este año, se han abandonado en el Parque un
millar de ejemplares. Esto ha supuesto un grave problema medioambiental, provocado
por el olor de los animales en descomposición.
Paradójicamente, en fechas recientes, un ganadero afincado en
Sierra Espuña ha sido multado por el supuesto abandono del cadáver de una
oveja, probablemente atacada por un depredador o muerta por enfermedad, sin que
su propietario conociese el lugar de su desaparición. Curiosamente, la denuncia
de este hecho por parte de los celadores de caza (funcionarios que gestionan la
actividad cinegética) se produjo unos días después de que el citado ganadero
les denunciase, por abatir a disparos a un perro de su propiedad en extrañas
circunstancias.
Me parece que la Administración
utiliza una doble vara de medir, sanciona con multas superiores a 3.000 euros a
un pequeño ganadero por el supuesto abandono
de una oveja, mientras que los cazadores pueden dejar más de mil cadáveres de
muflones decapitados en el lugar donde han sido abatidos, con la connivencia de
los funcionarios que les acompañan.
Creo que el problema se
solucionaría habilitando en la Sierra algunos lugares específicos donde
depositar, de forma controlada, los cadáveres para servir de alimento a los
carroñeros.
No quiero pensar que todo obedece
a una venganza personal, ante la denuncia presentada por el ganadero pidiendo
responsabilidades por la muerte de su mascota.
Damián Rubio es Coordinador Local de IU.Verdes Alhama
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