El coordinador de Izquierda Unida de la Región de Murcia (IURM), José Antonio Pujante, mostró hoy en rueda de prensa su apoyo a la manifestación convocada por el Sindicato Central de Regantes del Tajo-Segura (Scrats) para el miércoles 18 de marzo, en la capital murciana.
Pujante puso de manifiesto la necesidad de ofrecer una "respuesta contundente y firme" por parte de los ciudadanos de la Región a favor del Tajo-Segura, al tiempo que defendió la puesta en marcha de un debate sobre el uso del agua y el fin de la "guerra" entre comunidades.
Agregó que los intereses de IU en Murcia y los de esa organización en Castilla La Mancha coinciden en la importancia de llegar a un pacto sobre agua en el que estén representados, además de partidos políticos, organizaciones sociales, regantes, sindicatos y grupos ecologistas.
Hizo hincapié en "acabar con la guerra del agua" ya que, a su juicio, "sólo sirve para satisfacer los intereses electorales de PP y PSOE en Murcia y Castilla La Mancha", y subrayó que será el Gobierno central el que decidirá el futuro del trasvase Tajo-Segura, con independencia del estatuto castellano-manchego.
Añadió asimismo que esa resolución debe ir orientada a satisfacer los intereses de las autonomías afectadas, y en base a un modelo económico "no especulativo y sostenible".
Pujante puso de manifiesto la necesidad de ofrecer una "respuesta contundente y firme" por parte de los ciudadanos de la Región a favor del Tajo-Segura, al tiempo que defendió la puesta en marcha de un debate sobre el uso del agua y el fin de la "guerra" entre comunidades.
Agregó que los intereses de IU en Murcia y los de esa organización en Castilla La Mancha coinciden en la importancia de llegar a un pacto sobre agua en el que estén representados, además de partidos políticos, organizaciones sociales, regantes, sindicatos y grupos ecologistas.
Hizo hincapié en "acabar con la guerra del agua" ya que, a su juicio, "sólo sirve para satisfacer los intereses electorales de PP y PSOE en Murcia y Castilla La Mancha", y subrayó que será el Gobierno central el que decidirá el futuro del trasvase Tajo-Segura, con independencia del estatuto castellano-manchego.
Añadió asimismo que esa resolución debe ir orientada a satisfacer los intereses de las autonomías afectadas, y en base a un modelo económico "no especulativo y sostenible".
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