Artículo de Damián Rubio Coordinador de IU Alhama en Linea LocalEl debate entre escuela pública y privada viene planteándose frecuentemente en los últimos tiempos, y cobra mayor insistencia cuando se plantea la necesidad de construir un nuevo centro de enseñanza. Tanto una como la otra tienen sus defensores y detractores. La Administración debería estar exenta de esta disyuntiva y apostar siempre, y de forma decidida, por la enseñanza pública para garantizar el cumplimiento de este derecho, claramente expresado en el artículo 27.5 de nuestra Constitución: “Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación, mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes”.
En Alhama, desde hace algunos años, hay un sector de la población que viene reivindicando la construcción de un colegio privado, ligado a un concierto con la administración pública. Cada vez que se plantea la necesidad de un nuevo centro de enseñanza, inmediatamente salen a la palestra los “defensores de la libertad”, argumentando que tienen derecho a elegir el centro de sus preferencias. Como en nuestro pueblo no tienen esa posibilidad, se ven obligados a llevar a sus hijos a la enseñanza pública o a centros privados fuera de nuestra localidad. Da la coincidencia de que la mayor insistencia en este debate suele surgir cuando gobierna la derecha, tanto a nivel local como regional.
Creo que esto no es una casualidad. Cuando la derecha gobierna, su natural inclinación hacia la privatización de los servicios le hace disminuir y prorrogar las inversiones en la enseñanza pública, para deteriorarla hasta el extremo de que muchos padres vean como una buena salida la privada. La misma estrategia se hace extensiva a todos los servicios públicos. La reducción de impuestos es la zanahoria con la que engañan al ciudadano para que caiga en esta trampa.
La semana pasada se planteó este mismo debate en el programa del mismo nombre de la televisión local. De los cuatro participantes, dos defendían a ultranza la construcción de un colegio concertado en Alhama y otros dos insistían en la defensa de la escuela pública. Me resultó sorprende escuchar a un ex-concejal de educación de nuestro Ayuntamiento, y hoy edil de la oposición, afirmar en una de sus intervenciones que era necesario un colegio privado, por supuesto concertado, para que los maestros de la enseñanza pública “se pongan las pilas”. Según este señor, los mismos no están lo suficientemente motivados ni implicados. Personalmente, no comparto esta opinión. Me consta que la mayoría de los docentes que ejercen en nuestra localidad no necesitan pilas, porque trabajan con suficiente rigor y seriedad. Dudo, sin embargo, que el que paga su plaza para obtener un puesto de trabajo, como única oposición para acceder al mismo, este más capacitado o motivado para ejercer su labor docente.
Me considero un defensor a ultranza de la enseñanza pública porque en ella tienen cabida todos los ciudadanos, con independencia de su nivel económico, posición social, raza, religión o país de origen. Los datos me demuestran que esto mismo no se puede decir de la enseñanza privada o concertada. En ella, utilizando todo tipo subterfugios, se dificulta la admisión a algunos sectores de la población: alumnos con necesidades educativas especiales, inmigrantes, familias con escasos recursos económicos, etc.
Me parece injusto destinar suelo y dinero de todos para satisfacer el estatus social que algunas familias buscan, amparándose en su derecho a elegir centro.
En Alhama, desde hace algunos años, hay un sector de la población que viene reivindicando la construcción de un colegio privado, ligado a un concierto con la administración pública. Cada vez que se plantea la necesidad de un nuevo centro de enseñanza, inmediatamente salen a la palestra los “defensores de la libertad”, argumentando que tienen derecho a elegir el centro de sus preferencias. Como en nuestro pueblo no tienen esa posibilidad, se ven obligados a llevar a sus hijos a la enseñanza pública o a centros privados fuera de nuestra localidad. Da la coincidencia de que la mayor insistencia en este debate suele surgir cuando gobierna la derecha, tanto a nivel local como regional.
Creo que esto no es una casualidad. Cuando la derecha gobierna, su natural inclinación hacia la privatización de los servicios le hace disminuir y prorrogar las inversiones en la enseñanza pública, para deteriorarla hasta el extremo de que muchos padres vean como una buena salida la privada. La misma estrategia se hace extensiva a todos los servicios públicos. La reducción de impuestos es la zanahoria con la que engañan al ciudadano para que caiga en esta trampa.
La semana pasada se planteó este mismo debate en el programa del mismo nombre de la televisión local. De los cuatro participantes, dos defendían a ultranza la construcción de un colegio concertado en Alhama y otros dos insistían en la defensa de la escuela pública. Me resultó sorprende escuchar a un ex-concejal de educación de nuestro Ayuntamiento, y hoy edil de la oposición, afirmar en una de sus intervenciones que era necesario un colegio privado, por supuesto concertado, para que los maestros de la enseñanza pública “se pongan las pilas”. Según este señor, los mismos no están lo suficientemente motivados ni implicados. Personalmente, no comparto esta opinión. Me consta que la mayoría de los docentes que ejercen en nuestra localidad no necesitan pilas, porque trabajan con suficiente rigor y seriedad. Dudo, sin embargo, que el que paga su plaza para obtener un puesto de trabajo, como única oposición para acceder al mismo, este más capacitado o motivado para ejercer su labor docente.
Me considero un defensor a ultranza de la enseñanza pública porque en ella tienen cabida todos los ciudadanos, con independencia de su nivel económico, posición social, raza, religión o país de origen. Los datos me demuestran que esto mismo no se puede decir de la enseñanza privada o concertada. En ella, utilizando todo tipo subterfugios, se dificulta la admisión a algunos sectores de la población: alumnos con necesidades educativas especiales, inmigrantes, familias con escasos recursos económicos, etc.
Me parece injusto destinar suelo y dinero de todos para satisfacer el estatus social que algunas familias buscan, amparándose en su derecho a elegir centro.
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