Primero. La propuesta del Gobierno central no es una reforma; es un recorte social. En momentos en que España se acerca a los cuatro millones y medio de desempleados, el Gobierno del PSOE propone aumentar la edad de la jubilación de 65 a 67 años, lo que hará que trabajadores y trabajadoras cobren dos años menosde pensión, y de esa forma vean reducida su pensión vitalicia en un 10%. Por otro lado, la propuesta de ampliar el periodo de cotización de la pensión hasta los 20 años, supondrá, por su parte, una reducción de la cuantía media de las pensiones del 4%. Datos que representan la mayor agresión al Estado social de nuestro país de los últimos años y la asunción por parte del Gobierno de una política de ajuste salarial.
Segundo. La medida propuesta por el Gobierno central en innecesaria e injusta. El Gobierno quiere que trabajemos más para que los empresarios paguen menos. Es innecesaria ya que el sistema público de pensiones disfruta de un superávit de 8.502 millones de euros -lo que equivale al 0,8% del PIB-, además de contar con un Fondo de Reserva de 60.000 millones. Es una medida injusta, porque carga sobre la mayoría social trabajadora el incremento de los ingresos a la Seguridad Social, mientras el pasado mes de julio, el Gobierno central defendió una reducción de las cuotas empresariales del 2%. La propuesta de reforma del Gobierno central pretende que trabajemos más años, para luego cobrar menos cuando accedamos a nuestra pensión.
Tercero. La propuesta del Gobierno central es una cesión al poder financiero. Con la medida propuesta el Gobierno del PSOE cede ante los bancos y el capital financiero, principales beneficiarios del sistema privado de pensiones, en momentos en que el total del capital financiero globalizado que se mueve a nivel internacional, el 26% corresponde a fondos privados de pensiones. De esta forma se avanza hacia un modelo dual de corte neoliberal, basado en una Seguridad Social débil y de carácter asistencial, y una protección social complementaria de iniciativa privada.
Cuarto. La ampliación de la edad de jubilación se sustenta en un discurso alarmista y falso. El Gobierno del PSOE hace uso de argumentos alarmistas y de poca consistencia técnica, al vincular el futuro del sistema a la evolución de la pirámide demográfica, y de esta manera justificar el recorte. Para IU-CM la viabilidad del sistema público de pensiones se relaciona con el número de personas que cotizan y la cantidad de las cotizaciones, lo que excluye cualquier medida de recorte del gasto a favor de una política de aumento de los ingresos a través de una política económica centrada en la creación de empleo y aumento de los salarios.
Quinto. La reforma que Izquierda Unida defiende en el marco de nuestra política de Alternativa social. La viabilidad de las pensiones no es una cuestión económica sino que es una decisión política. Por eso Izquierda Unida defiende que la prioridad no está en recortar el gasto sino aumentar los ingresos para de esta forma no tener que recortar derechos. Para ello proponemos seis medidas en defensa del sistema público de pensiones de nuestro país:
1. Crear empleo para aumentar los ingresos. Para ello defendemos una reforma fiscal progresiva que permita aumentar el gasto social y la inversión, y de esta forma crear empleo y construir un Estado del bienestar avanzado. Al reducirse el paro, aumentan los cotizantes y disminuyen las prestaciones por desempleo, lo que permitiría aumentar un 20% los recursos disponibles para las pensiones.
2. Avanzar de manera gradual y flexible en la reducción de la edad de jubilación a los 60 años como forma de repartir el trabajo y crear empleo; medida que se aplicará de manera inmediata en el sector de la construcción y otros sectores de especial penosidad laboral.
3. Cubrir los gastos de gestión de la Seguridad Social vía impuestos y no vía cotizaciones, lo cual generaría 7.000 millones de euros anuales adicionales para el pago de pensiones.
4. Incrementar el SMI hasta alcanzar el 60% de la media salarial, con el objetivo de elevar la base mínima de cotización. Incrementar la base máxima de cotización. Extender los derechos a los trabajadores autónomos fijando su cotización en función de sus rentas y beneficios.
5. Prohibir la utilización de la prejubilación como mecanismo de ajuste de plantilla por parte de los empresarios, lo que supondría aumentar los ingresos públicos equivalente al 6% del PIB.
6. Por último, garantizar, si es necesario, la viabilidad del sistema público de pensiones a través de aportaciones procedentes de los impuestos, tal y como se hace en países europeos como Dinamarca o Francia.
7. Mantener el periodo para el cálculo de la pensión de 15 años a elección por parte del trabajador.
Segundo. La medida propuesta por el Gobierno central en innecesaria e injusta. El Gobierno quiere que trabajemos más para que los empresarios paguen menos. Es innecesaria ya que el sistema público de pensiones disfruta de un superávit de 8.502 millones de euros -lo que equivale al 0,8% del PIB-, además de contar con un Fondo de Reserva de 60.000 millones. Es una medida injusta, porque carga sobre la mayoría social trabajadora el incremento de los ingresos a la Seguridad Social, mientras el pasado mes de julio, el Gobierno central defendió una reducción de las cuotas empresariales del 2%. La propuesta de reforma del Gobierno central pretende que trabajemos más años, para luego cobrar menos cuando accedamos a nuestra pensión.
Tercero. La propuesta del Gobierno central es una cesión al poder financiero. Con la medida propuesta el Gobierno del PSOE cede ante los bancos y el capital financiero, principales beneficiarios del sistema privado de pensiones, en momentos en que el total del capital financiero globalizado que se mueve a nivel internacional, el 26% corresponde a fondos privados de pensiones. De esta forma se avanza hacia un modelo dual de corte neoliberal, basado en una Seguridad Social débil y de carácter asistencial, y una protección social complementaria de iniciativa privada.
Cuarto. La ampliación de la edad de jubilación se sustenta en un discurso alarmista y falso. El Gobierno del PSOE hace uso de argumentos alarmistas y de poca consistencia técnica, al vincular el futuro del sistema a la evolución de la pirámide demográfica, y de esta manera justificar el recorte. Para IU-CM la viabilidad del sistema público de pensiones se relaciona con el número de personas que cotizan y la cantidad de las cotizaciones, lo que excluye cualquier medida de recorte del gasto a favor de una política de aumento de los ingresos a través de una política económica centrada en la creación de empleo y aumento de los salarios.
Quinto. La reforma que Izquierda Unida defiende en el marco de nuestra política de Alternativa social. La viabilidad de las pensiones no es una cuestión económica sino que es una decisión política. Por eso Izquierda Unida defiende que la prioridad no está en recortar el gasto sino aumentar los ingresos para de esta forma no tener que recortar derechos. Para ello proponemos seis medidas en defensa del sistema público de pensiones de nuestro país:
1. Crear empleo para aumentar los ingresos. Para ello defendemos una reforma fiscal progresiva que permita aumentar el gasto social y la inversión, y de esta forma crear empleo y construir un Estado del bienestar avanzado. Al reducirse el paro, aumentan los cotizantes y disminuyen las prestaciones por desempleo, lo que permitiría aumentar un 20% los recursos disponibles para las pensiones.
2. Avanzar de manera gradual y flexible en la reducción de la edad de jubilación a los 60 años como forma de repartir el trabajo y crear empleo; medida que se aplicará de manera inmediata en el sector de la construcción y otros sectores de especial penosidad laboral.
3. Cubrir los gastos de gestión de la Seguridad Social vía impuestos y no vía cotizaciones, lo cual generaría 7.000 millones de euros anuales adicionales para el pago de pensiones.
4. Incrementar el SMI hasta alcanzar el 60% de la media salarial, con el objetivo de elevar la base mínima de cotización. Incrementar la base máxima de cotización. Extender los derechos a los trabajadores autónomos fijando su cotización en función de sus rentas y beneficios.
5. Prohibir la utilización de la prejubilación como mecanismo de ajuste de plantilla por parte de los empresarios, lo que supondría aumentar los ingresos públicos equivalente al 6% del PIB.
6. Por último, garantizar, si es necesario, la viabilidad del sistema público de pensiones a través de aportaciones procedentes de los impuestos, tal y como se hace en países europeos como Dinamarca o Francia.
7. Mantener el periodo para el cálculo de la pensión de 15 años a elección por parte del trabajador.
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