En la misma afirman que desde el inicio la Ley de Dependencia ha tenido dificultades para su desarrollo. El Partido Popular no ha sabido estar a la altura de las circunstancia no resolviendo el caótico funcionamiento inicial de la Oficina de Valoración y provocando así un atraso interminable en la fase de las valoraciones del grado de dependencia, de forma que hemos sido una de las CC.AA más atrasadas en esta materia. Los retrasos en la resolución de expedientes de valoración está muy por encima de los 6 meses que marca la ley de procedimiento administrativo común como plazo para resolución de cualquier expediente. Todo ello debido no solo a la falta de financiación autonómica para poner en marcha la Oficina de Valoración con la contratación de personal necesario para los equipos de valoración, sino a la nefasta gestión y distribución de los presupuestos económicos realizada por la administración regional.
No obstante, el principal problema actualmente en Murcia es la insuficiente legislación autonómica que debe desarrollar la Ley de Dependencia. Izquierda Unida ha solicitado en numerosas ocasiones desde la Asamblea Regional el desarrollo de dicha legislación.
Las CC.AA necesariamente han de adaptar a su propia legislación marco legislativo básico estatal que, ya que es la competente para aplicar estas medidas. En Murcia no está desarrollado al completo, y esto precisamente es lo que está creando los principales problemas para la aplicación de la Ley, no ya tanto en la valoración del grado y nivel de dependencia, sino en la concesión y aplicación de los servicios o en la concesión y cobro de la prestación económica correspondientes.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida + los Verdes en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia propone:
1.-Instar al Gobierno Regional para que resuelva los problemas de contratación de personal cualificado para determinar los grados de dependencia en casos de enfermedades mentales, y así evitar situaciones injustas e incorrectas en la valoración de estos casos.
2.- Instar al Gobierno de la Región para que la resolución de cualquier expediente en relación con la solicitud de reconocimiento del grado de dependencia y de la prestación o servicio, no sobrepase los seis meses establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo Común, poniendo para ello los recursos técnicos, humanos y materiales que sean necesarios.
3.-Instar al Gobierno de la Región para que en el menor plazo posible termine de desarrollar la legislación autonómica necesaria para una correcta aplicación de la Ley de Dependencia y para el reconocimiento del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el régimen de infracciones y sanciones.
4.-Instar al gobierno de la nación para que reconozca de nuevo el derecho al cobro de prestaciones desde el momento de la solicitud tal como establecía la Ley de Dependencia.
5. Instar al Gobierno central para que ejerza de manera eficaz una labor real de coordinación y seguimiento en la implantación y desarrollo de la Ley, de manera que no se produzcan discriminaciones en ninguna parte del estado por falta de voluntad política ni del gobierno central ni autonómicos.
6. Instar a las dos administraciones, central y autonómica, para que incrementen los recursos técnicos, humanos y materiales, así como protocolos eficaces de coordinación entre administración autonómica y local, que destinan a la aplicación de la ley, en el contexto de una mejora del sistema de financiación autonómica para la región de Murcia.
No obstante, el principal problema actualmente en Murcia es la insuficiente legislación autonómica que debe desarrollar la Ley de Dependencia. Izquierda Unida ha solicitado en numerosas ocasiones desde la Asamblea Regional el desarrollo de dicha legislación.
Las CC.AA necesariamente han de adaptar a su propia legislación marco legislativo básico estatal que, ya que es la competente para aplicar estas medidas. En Murcia no está desarrollado al completo, y esto precisamente es lo que está creando los principales problemas para la aplicación de la Ley, no ya tanto en la valoración del grado y nivel de dependencia, sino en la concesión y aplicación de los servicios o en la concesión y cobro de la prestación económica correspondientes.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida + los Verdes en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia propone:
1.-Instar al Gobierno Regional para que resuelva los problemas de contratación de personal cualificado para determinar los grados de dependencia en casos de enfermedades mentales, y así evitar situaciones injustas e incorrectas en la valoración de estos casos.
2.- Instar al Gobierno de la Región para que la resolución de cualquier expediente en relación con la solicitud de reconocimiento del grado de dependencia y de la prestación o servicio, no sobrepase los seis meses establecidos por la Ley de Procedimiento Administrativo Común, poniendo para ello los recursos técnicos, humanos y materiales que sean necesarios.
3.-Instar al Gobierno de la Región para que en el menor plazo posible termine de desarrollar la legislación autonómica necesaria para una correcta aplicación de la Ley de Dependencia y para el reconocimiento del derecho a las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia y el régimen de infracciones y sanciones.
4.-Instar al gobierno de la nación para que reconozca de nuevo el derecho al cobro de prestaciones desde el momento de la solicitud tal como establecía la Ley de Dependencia.
5. Instar al Gobierno central para que ejerza de manera eficaz una labor real de coordinación y seguimiento en la implantación y desarrollo de la Ley, de manera que no se produzcan discriminaciones en ninguna parte del estado por falta de voluntad política ni del gobierno central ni autonómicos.
6. Instar a las dos administraciones, central y autonómica, para que incrementen los recursos técnicos, humanos y materiales, así como protocolos eficaces de coordinación entre administración autonómica y local, que destinan a la aplicación de la ley, en el contexto de una mejora del sistema de financiación autonómica para la región de Murcia.
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