Después de que el pasado 8 de noviembre el ejército marroquí interviniese salvajemente en la ciudad de Al Aiún para desalojar el campamento de Agdaym Izik, conocido como campamento de la dignidad. Lo que empezó como manifestación pacífica de los ciudadanos saharauis para evidenciar que sus ciudades y pueblos están totalmente tomados por los marroquíes en lo relativo al trabajo, al comercio, la vivienda y los servicios -privando a los saharauis de dichos derechos a pesar el expolio permanente de los recursos naturales- ha acabado como ellos mismos temían en una masacre. La represión ha continuado en los días siguientes al desmantelamiento del campamento en las calles de Al Aiún, donde el ejército y la gendarmería ha registrado algunos barrios de la capital del Sáhara Occidental casa por casa, con detenciones indiscriminadas y relacionando a los activistas con grupos terroristas.
Las noticias muestran inequívocamente la gravedad de los hechos, la existencia de víctimas mortales y la violencia del ejército marroquí. A pesar de ello, existe un elemento de opacidad en las comunicaciones oficiales que se agrava por la prohibición de Marruecos de acceso a la prensa a la zona de los enfrentamientos. Sería injusto no condenar una agresión porque el agresor esconda los hechos.
La ONU lleva intentando desde hace años que se celebre un referéndum por la autodeterminación del pueblo saharaui, de acuerdo con el derecho internacional. Por ello estableció la Misión de Naciones Unidas para el referendo en el Sáhara Occidental (MINURSO), promovió procesos de paz como los conocidos Plan Baker I y II y se han aprobado infinidad de resoluciones en el Consejo de Seguridad.
Mientras, el estado marroquí ha dinamitado todos los procesos negociadores y ha continuado ocupando sus territorios, torturando y marginando a los saharauis, expulsándoles de su tierra y explotando sus recursos de manera ilegal. Ante estos incumplimientos flagrantes de los Derechos Humanos y la legalidad internacional por parte del Reino de Marruecos, la actitud de España, en un conflicto iniciado por sus decisiones erróneas en el proceso de descolonización, ha sido la pasividad. Durante todo este tiempo todos los gobiernos democráticos han dado la espalda al pueblo Saharaui, incluso después de falsas promesas, eludiendo la responsabilidad en el conflicto y priorizando más los acuerdos con Marruecos, especialmente en materia pesquera y comercial, que la resolución de un conflicto que desestabiliza no sólo al Sáhara, sino también el norte de África.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida + Los Verdes, presenta para su debate y aprobación la siguiente moción:
1.- Instar al Gobierno de la Nación para que condene el desalojo violento del pasado 8 de noviembre del campamento de Agdaym Izik y la represión posterior hacía los activistas Saharauis en el Aiún por parte del Reino de Marruecos.
2.-Instar al Gobierno de la Nación para que denuncie la violación sistemática de los derechos humanos en los territorios del Sáhara Occidental ocupados por parte del Reino de Marruecos.
3.-Instar al Gobierno de la Nación para que intensifique y profundice las relaciones con el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo Saharaui.
4.-Instar al Gobierno de la Nación para que coordine las acciones necesarias con el fin de culminar el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, a través de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación que incluya la independencia, de acuerdo con la legalidad internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
5.-Instar al Gobierno de la Nación para que reconozca formalmente a la República Saharaui Democrática e impulsar el reconocimiento internacional de la misma.
6.-Presionar a la Unión Europea para el cese de los acuerdos pesqueros con Marruecos y que deje de ser partícipe de la explotación ilegal de sus recursos.
7.-Instar al Gobierno de la Nación para que promueva y reclame la creación de una comisión internacional de interposición bajo mandato de la UE.
Las noticias muestran inequívocamente la gravedad de los hechos, la existencia de víctimas mortales y la violencia del ejército marroquí. A pesar de ello, existe un elemento de opacidad en las comunicaciones oficiales que se agrava por la prohibición de Marruecos de acceso a la prensa a la zona de los enfrentamientos. Sería injusto no condenar una agresión porque el agresor esconda los hechos.
La ONU lleva intentando desde hace años que se celebre un referéndum por la autodeterminación del pueblo saharaui, de acuerdo con el derecho internacional. Por ello estableció la Misión de Naciones Unidas para el referendo en el Sáhara Occidental (MINURSO), promovió procesos de paz como los conocidos Plan Baker I y II y se han aprobado infinidad de resoluciones en el Consejo de Seguridad.
Mientras, el estado marroquí ha dinamitado todos los procesos negociadores y ha continuado ocupando sus territorios, torturando y marginando a los saharauis, expulsándoles de su tierra y explotando sus recursos de manera ilegal. Ante estos incumplimientos flagrantes de los Derechos Humanos y la legalidad internacional por parte del Reino de Marruecos, la actitud de España, en un conflicto iniciado por sus decisiones erróneas en el proceso de descolonización, ha sido la pasividad. Durante todo este tiempo todos los gobiernos democráticos han dado la espalda al pueblo Saharaui, incluso después de falsas promesas, eludiendo la responsabilidad en el conflicto y priorizando más los acuerdos con Marruecos, especialmente en materia pesquera y comercial, que la resolución de un conflicto que desestabiliza no sólo al Sáhara, sino también el norte de África.
Por todo ello, el Grupo Municipal de Izquierda Unida + Los Verdes, presenta para su debate y aprobación la siguiente moción:
1.- Instar al Gobierno de la Nación para que condene el desalojo violento del pasado 8 de noviembre del campamento de Agdaym Izik y la represión posterior hacía los activistas Saharauis en el Aiún por parte del Reino de Marruecos.
2.-Instar al Gobierno de la Nación para que denuncie la violación sistemática de los derechos humanos en los territorios del Sáhara Occidental ocupados por parte del Reino de Marruecos.
3.-Instar al Gobierno de la Nación para que intensifique y profundice las relaciones con el Frente Polisario, legítimo representante del pueblo Saharaui.
4.-Instar al Gobierno de la Nación para que coordine las acciones necesarias con el fin de culminar el proceso de descolonización del Sáhara Occidental, a través de la convocatoria de un referéndum de autodeterminación que incluya la independencia, de acuerdo con la legalidad internacional y las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
5.-Instar al Gobierno de la Nación para que reconozca formalmente a la República Saharaui Democrática e impulsar el reconocimiento internacional de la misma.
6.-Presionar a la Unión Europea para el cese de los acuerdos pesqueros con Marruecos y que deje de ser partícipe de la explotación ilegal de sus recursos.
7.-Instar al Gobierno de la Nación para que promueva y reclame la creación de una comisión internacional de interposición bajo mandato de la UE.
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