Si todas las medidas, anunciadas por el Presidente del Gobierno en Sede Parlamentaria son gravísimas, el debilitar a los Ayuntamientos, recortando concejales y modificando la Ley de Bases de Régimen Local, atenta contra la esencia de la democracia en su faceta más básica.
En mi opinión, solo se salvan dos, que hace mucho tiempo deberían estar reguladas por Ley: La determinación de los sueldos y retribuciones de los cargos públicos municipales (algunos, la minoría, escandalosos) o que el Interventor (deberían incluir a Secretario y Tesorero), dependa directamente del Ministerio de Hacienda.
En la Historia democrática reciente, si alguna Institución ha sido protagonista de cambios y avance social en España, esa ha sido la Municipal. Solo recordar que el 14 de abril de 1931 se instaura la II República tras las elecciones municipales. Podemos darnos una idea de la representatividad popular y la fuerza moral del municipalismo en nuestro País.
Más recientemente, a partir de las primeras elecciones de 1979, si los ciudadanos y ciudadanas han visto mejorada su calidad de vida, se han construido escuelas, Centros de Salud, Instalaciones Deportivas, han mejorado los espacios públicos, impulsado la cultura, desarrollando políticas de formación y empleo, de juventud, Servicios Sociales o aumentado la calidad de los servicios más cercanos al ciudadano; sin duda alguna ha sido fruto una responsabilidad compartida de miles de concejales –de todas las opciones políticas-, que han ejercido honestamente el noble arte de la política, codo con codo con los vecinos que los han elegido directamente en las urnas.
Salvando excepciones -que confirman la regla y de eso, en Totana sabemos bastante-, los concejales y alcaldes, han tenido que ofrecer servicios, demandados por la ciudadanía, que el Gobierno Central o Comunidades Autónomas no han solucionado.
En todo caso, la actuación de los partidos mayoritarios ha sido la de coadyuvar al aumento de la deuda, negar el una financiación suficiente o fomentar los ingresos municipales a través de la burbuja inmobiliaria y la especulación, sin entrar al fondo de una asignatura pendiente, que ni el PP ni el PSOE, han solucionado en sus tiempos de Gobierno.
Primero, debilitan y hunden las posibilidades de los Ayuntamientos y ahora, hacen pagar la ira de los ciudadanos contra la “clase política”, por la parte más débil y cercana: Los representantes de los vecinos que ejercen la política, en su mayoría de forma altruista y con vocación de servicio. No rebaja el Gobierno los altos cargos de la Administración Central o Autonómica. No se plantea reducir o eliminar el inservible y oneroso Senado. No se tiene en cuenta el vacío de contenido y carísimo Parlamento Europeo, que actúa de comparsa en este teatro. Y esto, solo por poner algunos ejemplos. El Gobierno y los poderes financieros, utilizan a los concejales como chivos expiatorios; como paganos de una crisis económica, moral y política que no han generado la inmensa mayoría de hombres y mujeres, que desde gobiernos u oposición, elevan, día a día, propuestas o fiscalizan, en contacto directo con los vecinos y vecinas de los barrios o pedanías.
Pero no solo rebajan el número de concejales de una forma considerable, empobreciendo la democracia. También encorsetan las posibles iniciativas y competencias que pueden desarrollar las Corporaciones Locales para superar la crisis económica y política. El Proyecto de reforma de Ley de Bases, amordaza los Ayuntamientos, vulnerando el artículo 142 de la Constitución Española y la autonomía de las Corporaciones Locales como parte del Estado en el marco de sus competencias.
Con las medidas anunciadas por Rajoy y el Proyecto de Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, sin solucionar el problema arrastrado 35 años de la Financiación de los Ayuntamientos, unos entes que pueden ser la palanca del cambio, de dinamización de la sociedad, de participación ciudadana, de desarrollo económico, la cultura o los servicios sociales, en el que muchos vecinos ejerzan la política para superar la actual situación a la que nos han llevado los que no asumen sus graves responsabilidades.
Solo la movilización -harto difícil cuando muchos españoles se juegan su supervivencia directa en otros frentes no menos importantes-, puede dar un giro al disparate que se pretende con los Ayuntamientos, dejándolos vacíos de competencias, sin recursos, endeudados y sin capacidad de ilusionar a personas interesadas en ejercer la política en su faceta más pura y altruista.
Juan José Cánovas Cánovas.
Concejal de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Totana.
En mi opinión, solo se salvan dos, que hace mucho tiempo deberían estar reguladas por Ley: La determinación de los sueldos y retribuciones de los cargos públicos municipales (algunos, la minoría, escandalosos) o que el Interventor (deberían incluir a Secretario y Tesorero), dependa directamente del Ministerio de Hacienda.
En la Historia democrática reciente, si alguna Institución ha sido protagonista de cambios y avance social en España, esa ha sido la Municipal. Solo recordar que el 14 de abril de 1931 se instaura la II República tras las elecciones municipales. Podemos darnos una idea de la representatividad popular y la fuerza moral del municipalismo en nuestro País.
Más recientemente, a partir de las primeras elecciones de 1979, si los ciudadanos y ciudadanas han visto mejorada su calidad de vida, se han construido escuelas, Centros de Salud, Instalaciones Deportivas, han mejorado los espacios públicos, impulsado la cultura, desarrollando políticas de formación y empleo, de juventud, Servicios Sociales o aumentado la calidad de los servicios más cercanos al ciudadano; sin duda alguna ha sido fruto una responsabilidad compartida de miles de concejales –de todas las opciones políticas-, que han ejercido honestamente el noble arte de la política, codo con codo con los vecinos que los han elegido directamente en las urnas.
Salvando excepciones -que confirman la regla y de eso, en Totana sabemos bastante-, los concejales y alcaldes, han tenido que ofrecer servicios, demandados por la ciudadanía, que el Gobierno Central o Comunidades Autónomas no han solucionado.
En todo caso, la actuación de los partidos mayoritarios ha sido la de coadyuvar al aumento de la deuda, negar el una financiación suficiente o fomentar los ingresos municipales a través de la burbuja inmobiliaria y la especulación, sin entrar al fondo de una asignatura pendiente, que ni el PP ni el PSOE, han solucionado en sus tiempos de Gobierno.
Primero, debilitan y hunden las posibilidades de los Ayuntamientos y ahora, hacen pagar la ira de los ciudadanos contra la “clase política”, por la parte más débil y cercana: Los representantes de los vecinos que ejercen la política, en su mayoría de forma altruista y con vocación de servicio. No rebaja el Gobierno los altos cargos de la Administración Central o Autonómica. No se plantea reducir o eliminar el inservible y oneroso Senado. No se tiene en cuenta el vacío de contenido y carísimo Parlamento Europeo, que actúa de comparsa en este teatro. Y esto, solo por poner algunos ejemplos. El Gobierno y los poderes financieros, utilizan a los concejales como chivos expiatorios; como paganos de una crisis económica, moral y política que no han generado la inmensa mayoría de hombres y mujeres, que desde gobiernos u oposición, elevan, día a día, propuestas o fiscalizan, en contacto directo con los vecinos y vecinas de los barrios o pedanías.
Pero no solo rebajan el número de concejales de una forma considerable, empobreciendo la democracia. También encorsetan las posibles iniciativas y competencias que pueden desarrollar las Corporaciones Locales para superar la crisis económica y política. El Proyecto de reforma de Ley de Bases, amordaza los Ayuntamientos, vulnerando el artículo 142 de la Constitución Española y la autonomía de las Corporaciones Locales como parte del Estado en el marco de sus competencias.
Con las medidas anunciadas por Rajoy y el Proyecto de Reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, sin solucionar el problema arrastrado 35 años de la Financiación de los Ayuntamientos, unos entes que pueden ser la palanca del cambio, de dinamización de la sociedad, de participación ciudadana, de desarrollo económico, la cultura o los servicios sociales, en el que muchos vecinos ejerzan la política para superar la actual situación a la que nos han llevado los que no asumen sus graves responsabilidades.
Solo la movilización -harto difícil cuando muchos españoles se juegan su supervivencia directa en otros frentes no menos importantes-, puede dar un giro al disparate que se pretende con los Ayuntamientos, dejándolos vacíos de competencias, sin recursos, endeudados y sin capacidad de ilusionar a personas interesadas en ejercer la política en su faceta más pura y altruista.
Juan José Cánovas Cánovas.
Concejal de IU-Verdes en el Ayuntamiento de Totana.
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