Así lo ha señalado hoy el responsable de política municipal de IURM José Luís Álvarez-Castellanos. "Con la excusa de cumplir los objetivos presupuestarios el Partido Popular liquida a los ayuntamientos como instrumentos de participación ciudadana en los asuntos públicos y nos devuelve a la época caciquil.
Es falso- ha afirmado Álvarez-Castellanos- que esta medida vaya a suponer un ahorro, puesto que la mayor parte de los representantes municipales no cobran y para los que perciban una remuneración se han establecido limitaciones en los sueldos. Así pues esta medida no tiene otro objeto más que recortar el control democrático y favorecer el bipartidismo.
Prueba de ello es que el ataque se ha dirigido a los ayuntamientos, las instituciones más cercanas a la ciudadanía en las que sus representantes son elegidos de forma directa mientras que no sólo no se tocan sino que incluso salen reforzadas las diputaciones provinciales, instituciones obsoletas y decimonónicas cuyos representantes se designan a dedo y cuya desaparición siempre hemos defendido desde IU. Tal refuerzo en el papel de las diputaciones sólo puede responder a intereses ocultos y no expresados.
La medida, con la que el PP ha querido hacer un brindis populista, se enmarca dentro de un proyecto más amplio que incluye la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local con la que el gobierno pretende acabar con la molesta autonomía municipal para convertir a los ayuntamientos en rehenes políticos de otras administraciones abriendo la puerta, aún más si cabe, al clientelismo partidista y al trato arbitrario.
La reforma, de esta Ley que el gobierno pretende aprobar en los próximos días, modifica el reparto competencial y deja al los ayuntamientos como meros gestores de servicios secundarios. Por poner un ejemplo, la ley quita a los municipios cualquier capacidad de actuación política en materias como educación, sanidad, mujer o medio ambiente.
Amparándose en la sacrosanta estabilidad presupuestaria desde el gobierno se propone la supresión de servicios si estos no son obligatorios o su privatización si son obligatorios. El representante de la formación de IU-Verdes puso el ejemplo de las escuelas infantiles, servicio ofrecido tanto por la administración municipal como autonómica que es deficitario. La reforma casi obliga a la privatización de este nivel que ya no se considera educativo, sino asistencial y no es obligatorio.
Estas medidas rompen con la tradición del consenso en el marco de la Federación de Municipios (FEMP). Este órgano de representación de los municipios españoles recientemente hizo pública su posición ante una posible reforma de la Ley de Régimen Local señalando que esta debía de fundamentarse e en "los principios básicos de autonomía local, proximidad y/o subsidiariedad, descentralización, proporcionalidad y suficiencia financiera", justo lo contrario que la reforma del PP propone en su proyecto.
Desde IU-Verdes creemos que el municipalismo en este país debe de pronunciarse de forma contundente contra esta reforma, sobre todo teniendo en cuenta que en la etapa anterior, la FEPM se ha dirigido de forma reiterada a la administración central en demanda de una mayor suficiencia financiera que permitiera atender las demandas de los ayuntamientos y ofrecer así un mejor servicio a los ciudadanos. En la Región de Murcia, esta exigencia también fue reclamada por el PP en distintas mociones presentadas en todos los ayuntamientos que desde IU apoyamos.
Por ello, en IU vamos a presentar mociones en todos los municipios en los que tengamos representación parta oponernos a esta reforma, reclamando la vuelta al diálogo y al consenso. También acompañaremos estas medidas con acciones de nuestros concejales para informar sobre las consecuencias de estas medias del PP en la democracia municipal y los servicios públicos.
Es falso- ha afirmado Álvarez-Castellanos- que esta medida vaya a suponer un ahorro, puesto que la mayor parte de los representantes municipales no cobran y para los que perciban una remuneración se han establecido limitaciones en los sueldos. Así pues esta medida no tiene otro objeto más que recortar el control democrático y favorecer el bipartidismo.
Prueba de ello es que el ataque se ha dirigido a los ayuntamientos, las instituciones más cercanas a la ciudadanía en las que sus representantes son elegidos de forma directa mientras que no sólo no se tocan sino que incluso salen reforzadas las diputaciones provinciales, instituciones obsoletas y decimonónicas cuyos representantes se designan a dedo y cuya desaparición siempre hemos defendido desde IU. Tal refuerzo en el papel de las diputaciones sólo puede responder a intereses ocultos y no expresados.
La medida, con la que el PP ha querido hacer un brindis populista, se enmarca dentro de un proyecto más amplio que incluye la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local con la que el gobierno pretende acabar con la molesta autonomía municipal para convertir a los ayuntamientos en rehenes políticos de otras administraciones abriendo la puerta, aún más si cabe, al clientelismo partidista y al trato arbitrario.
La reforma, de esta Ley que el gobierno pretende aprobar en los próximos días, modifica el reparto competencial y deja al los ayuntamientos como meros gestores de servicios secundarios. Por poner un ejemplo, la ley quita a los municipios cualquier capacidad de actuación política en materias como educación, sanidad, mujer o medio ambiente.
Amparándose en la sacrosanta estabilidad presupuestaria desde el gobierno se propone la supresión de servicios si estos no son obligatorios o su privatización si son obligatorios. El representante de la formación de IU-Verdes puso el ejemplo de las escuelas infantiles, servicio ofrecido tanto por la administración municipal como autonómica que es deficitario. La reforma casi obliga a la privatización de este nivel que ya no se considera educativo, sino asistencial y no es obligatorio.
Estas medidas rompen con la tradición del consenso en el marco de la Federación de Municipios (FEMP). Este órgano de representación de los municipios españoles recientemente hizo pública su posición ante una posible reforma de la Ley de Régimen Local señalando que esta debía de fundamentarse e en "los principios básicos de autonomía local, proximidad y/o subsidiariedad, descentralización, proporcionalidad y suficiencia financiera", justo lo contrario que la reforma del PP propone en su proyecto.
Desde IU-Verdes creemos que el municipalismo en este país debe de pronunciarse de forma contundente contra esta reforma, sobre todo teniendo en cuenta que en la etapa anterior, la FEPM se ha dirigido de forma reiterada a la administración central en demanda de una mayor suficiencia financiera que permitiera atender las demandas de los ayuntamientos y ofrecer así un mejor servicio a los ciudadanos. En la Región de Murcia, esta exigencia también fue reclamada por el PP en distintas mociones presentadas en todos los ayuntamientos que desde IU apoyamos.
Por ello, en IU vamos a presentar mociones en todos los municipios en los que tengamos representación parta oponernos a esta reforma, reclamando la vuelta al diálogo y al consenso. También acompañaremos estas medidas con acciones de nuestros concejales para informar sobre las consecuencias de estas medias del PP en la democracia municipal y los servicios públicos.
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