El Gobierno Rajoy se ha empeñado en perjudicar seriamente los servicios básicos que la Constitución reconoce a todos los españoles, con la excusa de satisfacer los objetivos de déficit. En definitiva, se ha propuesto cargarse la educación, sanidad y otras prestaciones sociales públicas fundamentales para satisfacer las exigencias impuestas por sus socios europeos más ricos, con los que estamos endeudados.
Resulta paradójico, a la vez que indignante, que la crisis, provocada por la avaricia de los banqueros y la mala gestión de los políticos, la tengamos que pagar los ciudadanos de a pie sufriendo recortes, un día sí y otro también, en derechos por los que tanto hemos luchado: educación y sanidad gratuitas, pensiones justas, convenios laborales dignos, acceso a la vivienda, prestaciones y ayudas a dependientes y discapacitados, conciliación de vida laboral y familiar, etc.
La educación pública, pilar fundamental para el progreso de cualquier sociedad, ha sufrido en los dos últimos años un ataque frontal e indiscriminado. Desde 2010, los presupuestos educativos han perdido más de 6.300 millones de euros (más del 14 % de reducción). Zapatero inició el recorte y el PP está “rematando la faena”. Esto ha supuesto la supresión de numerosos programas relacionados con la calidad de la enseñanza.
Uno de los programas que ha caído estrepitosamente, a pesar de estruendo publicitario con el que fue anunciado, ha sido el denominado Escuela 2.0, que pretendía introducir las Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC) en los centros educativos, dotando las aulas de pizarras digitales, ordenadores portátiles para los alumnos, acceso a Internet, etc. Otro de los defenestrados es el PROA, Programa de Refuerzo, Orientación y apoyo Educativo, con el que se ayudaba a los alumnos con problemas de aprendizaje en el último ciclo de Primaria y en los primeros cursos de la ESO, con la intención de evitar el abandono escolar. La supresión de 60 millones de euros de este programa condena a los más desfavorecidos, que no pueden permitirse pagar clases particulares.
Las becas también han sufrido un importante “repisco”, con un descenso de más del 12 % en el presupuesto que dedica el Gobierno a educación (176 millones de euros). A esto hay que añadir el tremendo ajuste de plantillas que han sufrido los docentes, que se ha traducido en casi 5.000 profesores menos; la supresión de la gratuidad del transporte escolar; la reducción de las aportaciones a las asociaciones de padres y madres; de las ayudas de acogida matinal; de las prestaciones para comedor escolar; disminución de las aulas de compensatoria y de los cuidadores para el alumnado con necesidades educativas especiales, etc.
Todo este rosario de recortes no es casual, sino que forma parte de la estrategia global del PP para adelgazar lo público en beneficio de lo privado. Se trata de convencer a los ciudadanos de que los servicios públicos no funcionan -entre otras cosas porque no tienen recursos y están masificados- para que se convenzan de que la gestión privada los mejoraría. Seguramente, si escarbamos un poco, nos daremos cuenta de que detrás de esta operación de acoso y derribo de lo público están las empresas privadas, que casualmente salen beneficiadas, y en la gestión de las mismas aparecen familiares, amigos y allegados de los políticos gobernantes. Como decía aquel: “el que tiene padrinos se bautiza”.
No hay comentarios:
Publicar un comentario