Artículo de Damián Rubio para Línea Local
El pasado jueves, día 13, asistí en
la Casa de la Cultura a una charla informativa sobre la LOMCE (Ley Orgánica de
Mejora de la Calidad de la Enseñanza) organizada por la Plataforma para la
Defensa de la Escuela Pública. De entrada, tengo que decir que cada vez que el
PP propone alguna ley en la que aparecen las palabras “mejora”,
“racionalización”, “transparencia”, “estabilidad”... y otros términos
eufemísticos con los que pretende camuflar sus verdaderas intenciones, me pongo
a temblar porque sé que nos esperan recortes, recortes y más recortes en
nuestros derechos más básicos.
La nueva Ley Educativa, aprobada
sin el más mínimo consenso y sin debate alguno, ignora en su elaboración a
los representantes de los sectores
implicados en la docencia: profesores, padres y alumnos. Sin embargo, a poco
que profundicemos en el texto de la misma, se puede observar el peso específico
que han tenido en su confección la
Conferencia Episcopal y la iniciativa privada.
Lo primero que podemos apreciar
es que, contrariamente a lo que indican sus siglas, en nada mejora la calidad
educativa, porque no garantiza ni recursos humanos ni materiales para conseguir
una enseñanza de calidad. Tampoco apuesta por reducir el excesivo número de
alumnos por aula en la escuela pública, sino todo lo contrario. Además,
pretende segregar a los alumnos por niveles desde edades muy tempranas, determinando
las posibilidades académicas de los estudiantes y condenando a los que tienen
más dificultades al fracaso escolar.
La alternativa para los alumnos “menos
brillantes” es una formación profesional devaluada y al servicio exclusivo de
las necesidades empresariales y del mercado. En definitiva, “carne de cañón”
para el sistema productivo –eso sí, bilingües por si tienen que “emprender la
aventura europea”-.
Los docentes tampoco salen bien
parados de la ya conocida como Ley Wert, porque ven empeoradas sus condiciones
laborales e incrementadas las dificultades para desarrollar su función docente
con el aumento de horas lectivas y el número de alumnos por aula, además de
reducirse las horas de apoyo para los alumnos con necesidades educativas
especiales. Por si esto fuese poco, las bajas laborales se cubren tarde y las
plazas de profesores jubilados no salen a concurso. El objetivo esta claro,
atender al máximo número de alumnos con la mínima inversión.
Por otra parte, es una Ley que
atenta contra la participación y la democracia dentro del entorno educativo.
Para ello, concede un extraordinario poder a los directores otorgándoles la
posibilidad de confeccionar la plantilla del centro a su acomodo, al tiempo que
suprime las competencias que hasta ahora tenía el consejo escolar, que queda
relegado a un mero órgano consultivo.
El PP pretende dejar su sello con
una Ley de marcado carácter conservador, que profundiza en las desigualdades
sociales, desprestigia la enseñanza pública y favorece descaradamente a la
privada.
Damián Rubio es Coordinador Local de IU-Alhama
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