El pasado miércoles, 22 de diciembre, finalizó el trimestre escolar, se celebraron los tradicionales festivales navideños y los alumnos se fueron a casa con las notas. Por su parte, los profesores, a primera hora de la mañana, recibieron varios comunicados en los que el Sr. Valcárcel les anunciaba nuevas medidas de ajuste para solventar la crisis económica a nivel Regional. Entre estas medidas cabe destacar una nueva reducción del sueldo en 175 € mensuales, el aumento de la jornada laboral de 35 a 37,5 horas semanales, la reducción del 25% en la prestación económica durante las bajas laborales y la suspensión de la oferta de empleo público. Todas estas medidas se suman a la reducción de un 5% de su salario, que se viene aplicando desde septiembre por decreto del Gobierno Central.
El Sr. Valcárcel ha planteando una serie de medidas contra la función pública dependiente de la Comunidad Autónoma, tanto en administración general y servicios, como educación y sanidad. En el caso de la enseñanza ha actuando con premeditación y alevosía, para evitar la movilización de los trabajadores y su repercusión en los usuarios. De esta manera consiguió el cabreo generalizado de este sector, que aún tuvo la suficiente capacidad de reacción como para organizarse ese mismo día y manifestar su malestar en la capital de la Región, y al día siguiente frente a la Asamblea Regional, donde se estaba tramitando la Ley. Fruto de estas movilizaciones se consiguió que el Ejecutivo Regional rectificase la reducción de sueldo, dejándola en 75€, argumentando que había sido un error tipográfico (ahora se le llama así a “meter la pata hasta la ingle”).
Como vemos, se sigue utilizando lo público para solventar una crisis económica provocada por la iniciativa privada. Mientras tanto, los verdaderos responsables se ven arropados por los gobiernos de turno, dispuestos a ponerles en bandeja una salida a la misma que nos le toque ni de refilón.
En lo que a la enseñanza pública se refiere, podemos decir que se viene sufriendo una auténtica campaña de infravaloración y desprestigio. Desde que los Populares están en el poder en nuestra Región, se viene observando una marcada predilección por la enseñanza privada, que ha motivado que crezcan como hongos los colegios privados-concertados, en tanto que todo son trabas para la inversión y construcción de nuevos colegios públicos. En definitiva, se sigue una estrategia muy calculada para que se masifiquen las aulas públicas y se creé la necesidad de construcción de centros privados, subvencionados con dinero público. Además, a los mismos se les facilita también terreno público para su ubicación.
En nuestro pueblo, sin ir más lejos, esta estrategia es palpable desde hace varios años. Costó sangre, sudor y lágrimas que se construyera el Ricardo Codorníu, en el que además, pese a que su proyecto inicial era de dos líneas, sólo se construyó una, y nuevamente hubo que pelear la ejecución de la segunda. Antes de que esta última esté terminada, ya es necesaria una segunda línea en Ntra. Sra. Del Rosario. Esto provocó un amago de movilización de los padres del citado centro al iniciarse el presente curso escolar, alarmados por la pérdida de espacios comunes para habilitarlos como aulas. Lamentablemente, parece que la solución para tapar bocas vuelve a ser el “parcheo” construyendo dos unidades y un aula de psicomotricidad. De esta manera, se sigue forzando la implantación de un centro privado concertado por el que tanto suspiran algunos interesados sectores de la población alhameña.
El Sr. Valcárcel ha planteando una serie de medidas contra la función pública dependiente de la Comunidad Autónoma, tanto en administración general y servicios, como educación y sanidad. En el caso de la enseñanza ha actuando con premeditación y alevosía, para evitar la movilización de los trabajadores y su repercusión en los usuarios. De esta manera consiguió el cabreo generalizado de este sector, que aún tuvo la suficiente capacidad de reacción como para organizarse ese mismo día y manifestar su malestar en la capital de la Región, y al día siguiente frente a la Asamblea Regional, donde se estaba tramitando la Ley. Fruto de estas movilizaciones se consiguió que el Ejecutivo Regional rectificase la reducción de sueldo, dejándola en 75€, argumentando que había sido un error tipográfico (ahora se le llama así a “meter la pata hasta la ingle”).
Como vemos, se sigue utilizando lo público para solventar una crisis económica provocada por la iniciativa privada. Mientras tanto, los verdaderos responsables se ven arropados por los gobiernos de turno, dispuestos a ponerles en bandeja una salida a la misma que nos le toque ni de refilón.
En lo que a la enseñanza pública se refiere, podemos decir que se viene sufriendo una auténtica campaña de infravaloración y desprestigio. Desde que los Populares están en el poder en nuestra Región, se viene observando una marcada predilección por la enseñanza privada, que ha motivado que crezcan como hongos los colegios privados-concertados, en tanto que todo son trabas para la inversión y construcción de nuevos colegios públicos. En definitiva, se sigue una estrategia muy calculada para que se masifiquen las aulas públicas y se creé la necesidad de construcción de centros privados, subvencionados con dinero público. Además, a los mismos se les facilita también terreno público para su ubicación.
En nuestro pueblo, sin ir más lejos, esta estrategia es palpable desde hace varios años. Costó sangre, sudor y lágrimas que se construyera el Ricardo Codorníu, en el que además, pese a que su proyecto inicial era de dos líneas, sólo se construyó una, y nuevamente hubo que pelear la ejecución de la segunda. Antes de que esta última esté terminada, ya es necesaria una segunda línea en Ntra. Sra. Del Rosario. Esto provocó un amago de movilización de los padres del citado centro al iniciarse el presente curso escolar, alarmados por la pérdida de espacios comunes para habilitarlos como aulas. Lamentablemente, parece que la solución para tapar bocas vuelve a ser el “parcheo” construyendo dos unidades y un aula de psicomotricidad. De esta manera, se sigue forzando la implantación de un centro privado concertado por el que tanto suspiran algunos interesados sectores de la población alhameña.
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