El Gobierno de la Nación ha procedido a elevar en un 9,8% la Tarifa de Último Recurso (TUR) en la que se basa el coste del recibo de la luz. Ello supone que en los tres últimos años, este recibo se ha visto incrementado en el 40%. La razón que se aduce para este brutal incremento es el llamado déficit tarifario, o diferencia entre lo que cuesta la generación de electricidad y lo que ingresan las eléctricas a través de las tarifas fijadas por el Gobierno. Las Asociaciones de Consumidores consideran que este déficit constituye un mecanismo fraudulento y fuera de control, por varias razones. En primer lugar, quienes establecen la diferencia entre lo cobrado vía tarifas y el coste de la electricidad son las propias empresas eléctricas, sin control gubernamental ni social. En segundo lugar, las empresas comercializadoras son realmente creadas por las empresas productoras, a fin de mantener el control sobre el mercado. En tercer lugar, las empresas comercializadoras no compran la electricidad al mejor precio posible, sino al que se establece entre las productoras y denominado 'precio residual', que coincide con el último precio más alto del día. La diferencia de precio entre empresas comercializadoras es tan pequeña que no merece la pena el esfuerzo de cambiar, lo que evidencia esta situación de oligopolio en la que los precios del coste de la energía son creados mediante mecanismos de subasta nada transparentes, que acrecientan las sospechas de pacto de precios entre las empresas. Por último, resulta difícil aceptar que existe un déficit tarifario, es decir, unos ingresos en las eléctricas por debajo de los costes, cuando los beneficios de estas compañías son desorbitados. Así, el beneficio neto (después de impuestos, amortizaciones y cargas) de Iberdrola en 2010, según previsiones del mercado en base a lo obtenido en los tres primeros trimestres, va a ser de 2.837 millones de euros, 13 millones más que en 2009. Por su parte, Endesa obtendrá en 2010 3.634 millones, 204 millones más que en 2009. Por consiguiente, la subida aprobada del 9,8%, más las subidas aprobadas en 2009 evidencian, como denuncian las asociaciones de consumidores, una subordinación del Gobierno a los intereses de las compañías eléctricas, a las que se beneficia con esta cadena de subidas en un contexto social de profunda crisis y pérdida de poder adquisitivo de trabajadores, autónomos y pensionistas. Si, además, se tiene en cuenta que la electricidad tiene una ponderación del 2,69% en el IPC, se puede calcular que la subida del 9,8% para la mayoría de los usuarios tendrá un impacto directo en torno a 2,5 décimas en la inflación.
Por todo lo expuesto, se somete a consideración del Pleno de la Corporación la siguiente
MOCIÓN
1.-El Ayuntamiento de Alhama de Murcia insta al Gobierno de la Nación a anular del acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que posibilita el incremento de la Tarifa de Último Recurso (TUR) para el cálculo de la tarifa eléctrica, un 9,8%.
2.-Asimismo, insta al Gobierno a un control efectivo del llamado déficit tarifario y de la formación de precios de la electricidad en las subastas realizadas al efecto.
Por todo lo expuesto, se somete a consideración del Pleno de la Corporación la siguiente
MOCIÓN
1.-El Ayuntamiento de Alhama de Murcia insta al Gobierno de la Nación a anular del acuerdo de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos que posibilita el incremento de la Tarifa de Último Recurso (TUR) para el cálculo de la tarifa eléctrica, un 9,8%.
2.-Asimismo, insta al Gobierno a un control efectivo del llamado déficit tarifario y de la formación de precios de la electricidad en las subastas realizadas al efecto.
No hay comentarios:
Publicar un comentario