La semana pasada en esta misma columna hice referencia a la campaña de desprestigio que el PP hizo en todos los medios de comunicación hacia los manifestantes del 25 S. Como ya expresé en el citado artículo, se les calificó poco menos que de terroristas por el hecho de proponerse rodear simbólicamente el Congreso para expresar su malestar con la política del gobierno actual. El objetivo, además de justificar el ejercicio de la violencia policial, era amedrentar a los indecisos para que no se moviesen de sus casas.
El pasado 4 de octubre se vieron obligados a presentarse en la Audiencia Nacional algunos de los organizadores del citado acto de protesta para declarar ante el juez Pedraz, acusados de un supuesto delito contra las Instituciones del Estado por promover manifestaciones ante la sede del Congreso cuando éste está reunido. El auto del citado juez concluye que no hay delito alguno en la actuación de los convocantes, al no haber indicios de que se pretendiese entrar en el hemiciclo para suspender la sesión. Por tanto, quedaron en libertad.
Esta decisión judicial ha provocado una reacción visceral de destacados miembros del PP y de la derecha más radical, no porque los implicados hayan quedado en libertad sino por algunas de las razones que refleja el Sr. Juez en su auto. En el mismo se dice que los ciudadanos tienen derecho a manifestarse para expresar su opinión sobre acontecimientos de la actualidad, “máxime ante la convenida decadencia de la denominada clase política". Los únicos ofendidos entre los políticos han sido los integrantes del Partido Popular, debe ser que sólo ellos se sienten aludidos. Ya se sabe lo que dice el refrán popular: “el que se pica …”
Tengo la sensación de que el PP tiene una manera muy particular de entender la democracia. Son demócratas aquellos ciudadanos que obedecen ciegamente, sin cuestionar ninguna de sus decisiones y aplaudiendo todas sus actuaciones. Ya dejó claro Rajoy quienes son los buenos ciudadanos: “los que se quedan en casa con la pata quebrá” (traducción libre y abreviada de sus declaraciones).
Esta forma de entender la democracia es contagiosa y la podemos constatar también en Alhama. Hemos visto como se ha hecho un Reglamento de Participación Ciudadana que en lugar de fomentar la participación lo que pretende es controlarla, y se han puesto trabas para los ciudadanos intervengan en el apartado de ruegos y preguntas de los plenos. Incluso, cuando algún grupo de la Oposición ha plantado preguntas en nombre de los ciudadanos se les ha dado la callada por respuesta.
Sin ir más lejos, durante el pasado pleno se materializó la aprobación inicial de la Modificación Nº 5 del Plan General de Ordenación Urbana sin que se abriese ningún proceso de participación previa, cuando se trata de una cuestión de gran importancia y que afecta a numerosos colectivos y ciudadanos, esto mismo ya ha sucedido con la aprobación de diversas ordenanzas municipales. Por otra parte, también se negó el debate de la Modificación del Convenio sobre Protección Ciudadana en el que se reducen las aportaciones de la Comunidad Autónoma al Ayuntamiento, decisión que ya estaba tomada por el Gobierno Municipal.
Estos son los ciudadanos que quiere el PP: obedientes, sumisos y acríticos.
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