DESCONCIERTO PÚBLICO

artículo de Damián Rubio publicado en Línea Local

Existe cierto debate en la sociedad acerca del ahorro, o no, que podría suponer para el erario público  la enseñanza privada-concertada frente a la pública. Algunas fuentes interesadas se atreven a afirmar que los colegios concertados suponen un ahorro importante para la Administración, sin realizar un estudio científico previo que así lo demuestre.

Sin embargo, hay estudios que demuestran que ambos modelos cuestan lo mismo a las arcas públicas, pero en ellos no se tiene en cuenta el sobrecoste que a cada familia le cuesta tener un hijo en la privada concertada, que se cifra en unos 700 €. El INE (Instituto Nacional de Estadística), en estudio reciente, afirma que las familias de la escuela pública gastaron 822 € por alumno, mientras que los padres que decidieron que sus hijos asistiesen a un colegio privado-concertado invirtieron 1.549 € por hijo.

Tenemos que partir de un concepto básico: nuestra Constitución reconoce la educación como un derecho fundamental para todos los ciudadanos, lo que obliga a la Administración a prestarlo. La enseñanza privada-concertada, por su parte, busca la rentabilidad económica. Prueba evidente de ello es su total desinterés por ubicarse en áreas con pocas posibilidades de negocio, como pueden ser las zonas rurales o municipios con menos de 10.000 habitantes.

Con el mismo gasto la enseñanza pública llega a todo tipo de alumnado, incluyendo aquellos con necesidades educativas especiales o de adaptación lingüística, inmigrantes y con diversificación curricular. Sin embargo, la  privada-concertada  establece de manera soterrada criterios de selección. Por ejemplo, si no se contratan especialistas en PT (Pedagogía Terapéutica) o AL (Audición y Lenguaje) no se pueden admitir alumnos con necesidades educativas especiales. Y si se ponen precios elevados por las actividades extraescolares, se selecciona al alumnado en función de su nivel económico.

En los últimos años se aprecia un importante recorte  del gasto por alumno en la enseñanza pública (648 € menos entre 2007 y 2012), mientras que ha aumentado en la concertada (105 € en el mismo periodo). Esto se debe fundamentalmente a la reducción de plantillas y a la congelación y recorte de los salarios de los docentes públicos. Todo ello se ha traducido en una merma importante en la calidad de la enseñanza pública, que favorece el trasvase de alumnos a la privada.

Lo que está sucediendo no obedece a la casualidad, más bien parece una estrategia dirigida a desprestigiar lo público en beneficio de lo privado en todos los ámbitos. En Alhama, sin ir más lejos, se ha hecho lo imposible por crear las condiciones idóneas para la instalación de un colegio privado. Para ello, se ha dilatando en el tiempo la construcción de las infraestructuras necesarias en los centros públicos, propiciando de esta manera la masificación y desdoble de las aulas.

Curiosamente, para el próximo curso las aulas de Infantil de 3 años en todos los colegios públicos de Alhama están muy por debajo de la ratio oficial (25 alumnos por aula). Sin embargo, en el colegio concertado (que es el más alejado del núcleo urbano) está previsto que se abran dos aulas.

Damián Rubio es Coordinador Local de IU-Verdes de Alhama