EL GRUPO MUNICIPAL DE IU-VERDES EN EL AYUNTAMIENTO DE ALHAMA,
PRESENTA, PARA EL PLENO ORDINARIO DEL MES DE JULIO, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN
LA SIGUIENTE MOCIÓN:
Moción: Sobre la defensa, clarificación y mejora de las
competencias municipales en el ámbito de los servicios sociales”.
La reciente
aprobación de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local; supondrá el desmantelamiento del Sistema Público de Servicios Sociales, uno de los
pilares del Estado del Bienestar Social en nuestro país.
Si la Ley de Bases de Régimen Local del año 1985 y la posterior
aprobación del Plan Concertado en 1988 supusieron un avance en la potenciación
y descentralización de los hasta entonces poco definidos Servicios Sociales en
nuestro país, la nueva ley genera incertidumbre y preocupación social, cuando
señala que la única competencia propia de los Ayuntamientos en este ámbito
será, “la evaluación e información de situaciones de necesidad y la atención
inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social”.
La nueva Ley ignora cómo se ha
configurado este sistema en los últimos treinta años en España. No se menciona el Sistema de Servicios Sociales como una
competencia que puedan gestionar los ayuntamientos.
No se reconoce el importante papel que prácticamente todas las
leyes autonómicas de Servicios Sociales conceden a los ayuntamientos en la
gestión de los servicios sociales
Se resta un margen de maniobra importante a los ayuntamientos en
el ámbito de la promoción social, entendida no sólo como una atención
individual, sino como una función de planificación social que mejore la calidad
de la población, especialmente de los sectores más desfavorecidos.
Consideramos
que es necesaria la transformación de los Servicios Sociales en España
tras los casi treinta años de
desarrollo, y en este sentido, partiendo de la experiencia acumulada en de
estos años, se trataría de proponer mejoras. Es por ello que se hace necesario,
y así lo proponemos, la elaboración de una Ley Marco de Servicios Sociales que
integre una cartera de servicios básicos de atención social amplia para todo el
conjunto del estado, conteniendo, como mínimo, la siguiente cartera de prestaciones:
- Información,
valoración, orientación, asesoramiento y diagnóstico de situaciones
de necesidad.
-
Ayuda
a domicilio y apoyo a la unidad de convivencia.
-
Ayudas
económicas de emergencia social.
-
Intervención
y mediación familiar.
-
Prevención,
intervención e integración, dirigida a personas, familias, grupos y colectivos
en riesgo o situación de exclusión social.
-
Acompañamiento
en los itinerarios de inclusión social.
-
Adopción
de medidas de protección de menores en situación de riesgo.
-
Atención
primaria a mujeres víctimas de violencia de género.
-
Atención
primaria a la tercera edad y personas con discapacidad. Gestión de la Autonomía Personal
y Atención a la Dependencia.
-
Alojamiento
de urgencia.
-
Servicios
de promoción y dinamización comunitaria, y voluntariado social.
Los Servicios Sociales, atienden al bienestar social de la
población más desfavorecidas: personas en situación de necesidad social,
familias en situación de conflicto, personas con discapacidad, personas
mayores, etc. no deben ser el sector donde se recorte, como manifiesta la Asociación Estatal
de Directores y Gerentes en Servicios Sociales de España:
Es imposible llevar a cabo el ahorro que se proponía en el
Programa de Reformas de España si una buena parte de los servicios prestados
por las Entidades Locales que deben suprimirse por considerarse competencias
“impropias”, tuvieran que ser prestados directamente por las CC.AA.,
trasladando así el gasto a otra administración.
Considerando el tipo de servicios, la fragilidad de las personas
atendidas por los Ayuntamientos y la complejidad administrativa y dispersión de
modelos por CC.AA., los planteamientos de ahorro propuestos en la Reforma son
socialmente inaceptables y financieramente imposibles de acometer. Consideramos que
compete a los Ayuntamientos, por sí solos o agrupados,
a través de un nuevo sistema de financiación municipal adecuado y suficiente,
la prestación de estos servicios.
En la actualidad,
los Servicios Sociales Municipales deben ser una parte fundamental del Estado
social y de derechos definido por nuestra Carta Magna, junto con el sistema de
pensiones, sanidad y educación. La Constitución los enmarcó como una
competencia autonómica, por tanto no existe un marco estatal que los defina, a
diferencia de los otros sistemas, descentralizados de una forma o de otra, pero
siempre con una legislación básica estatal; es decir, es el único sistema donde
no hay una cartera de servicios mínimos definida que establezca la extensión e
intensidad de la protección; sin embargo, los servicios sociales han adquirido
su máxima visibilidad e implantación a través de las corporaciones locales.
Las políticas
sociales de Atención Primaria no pueden depender de la voluntad de delegar o
gestionar que tengan, en cada momento, cada una de las Comunidades Autónomas
que configuran el Estado. Esta medida supone, además, una recentralización de
la atención social a la ciudadanía, la pérdida de capacidad de proyección
social futura de los municipios, dejando la cohesión social que tanto depende
del territorio en manos de actores ajenos a la misma.
Los municipios han demostrado con creces, en los últimos treinta años,
su responsabilidad institucional y su capacidad de gestión en términos de
pertinencia, eficacia y eficiencia; al mismo tiempo que, por su proximidad a
los/as ciudadanos/as y su especial sensibilidad en la atención a los colectivos
sociales más vulnerables, contribuye a garantizar los derechos sociales en
nuestro país.
Es
justo reconocer que contamos con la experiencia suficiente y con un personal
técnico formado, competente y eficaz, para mantener el sistema municipal de
Servicios Sociales. No tiene sentido, ni desde el punto de vista de la
rentabilidad económica ni de la cohesión social, el desmantelamiento del
sistema de servicios sociales de atención primaria y comunitaria. No es el
momento de tirar por la borda los logros conseguidos.
El Gobierno
está destruyendo el sistema de servicios
sociales en su red básica, a pesar de que este sistema es más eficiente en el ámbito local
que en el autonómico. No hay detrás
de ello ni un razonamiento económico científico serio, ni un
análisis pormenorizado de los impactos reales en la población.
Las
comunidades autónomas no podrán asumir todos esos servicios. Que nadie se
equivoque, estos
servicios no se privatizarán, simplemente desaparecerán. Esto no es la sanidad. Atender
a millones de personas empobrecidas en sus
necesidades
básicas NO ES NEGOCIO. Eso si, se abrirán de par en par las puertas de la
limosna tranquilizadora de conciencias y de la beneficencia más rancia.
Por todo lo anteriormente expuesto, el GRUPO MUNICIPAL
DE IU-Verdes presenta la siguiente
MOCION:
- El
Ayuntamiento
de Alhama reafirma la autonomía local y la trascendencia
que tienen los Ayuntamientos en defensa de la protección social, la
igualdad de oportunidades, la democracia y la calidad de vida; políticas
públicas que han permitido vertebrar el territorio y prestar servicios
esenciales y básicos, descentralizados y de proximidad para la ciudadanía.
- El
Pleno de la Corporación solicita la modificación o la retirada, por parte
del gobierno, de la Ley
27/2013, de 27 de Diciembre para la Racionalización
y Sostenibilidad de la Administración Local e insta a una reforma de la administración local que garantice una
financiación municipal adecuada y suficiente, y la autonomía municipal
para, desde la cercanía, prestar servicios públicos básicos a los
ciudadanos.
- El Ayuntamiento
de Alhama solicita la elaboración de una Ley Marco de
Servicios Sociales que integre una cartera de servicios básicos de
atención social para todo el conjunto del estado.
- El
Ayuntamiento
de Alhama manifiesta y transmite al resto de
Ayuntamientos del Estado, el reconocimiento y apoyo por la labor de
defensa de los derechos sociales de ciudadanía, por mantener las políticas
de desarrollo socio-económico sostenible en el territorio y por mejorar la
cohesión social. Así mismo solicitará de la FEMP de Murcia que encabece la
defensa de lo solicitado en esta moción.
Dar
traslado de este acuerdo al Gobierno de España, al Gobierno de la Comunidad Autónoma,
a los Grupos Políticos del Congreso de Diputados y de las Cortes
Regionales, a la Junta de Gobierno de la FEMP, así como a los colectivos profesionales que
representan a la/os trabajadora/es. de los servicios sociales (Colegios
Profesionales, Asociaciones de defensa de servicios sociales, etc.).
Alhama de Murcia a 15 de Julio de 2014
Grupo Municipal de IU-Verdes
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