El pasado 21 de junio se celebró un pleno extraordinario, el primero después de la constitución del nuevo Ayuntamiento. En el mismo, el Sr. Alcalde dio cuenta del reparto de las delegaciones entre los miembros del equipo de gobierno. También se procedió a los nombramientos de los representantes del Consistorio en las diferentes instituciones y órganos. Por otra parte, se aprobaron, con los votos de los componentes del pacto entre PP y CCD, las retribuciones de los nuevos ediles.
El asunto de las asignaciones económicas a los concejales y grupos políticos siempre resulta ser controvertido, y en ocasiones polémico, al no haber ninguna ley que regule las cantidades a percibir por el desempeño del cargo. Las únicas referencias que se tienen son: asignaciones de corporaciones anteriores, la comparación con pueblos de similares características o las promesas electorales realizadas por unos y otros durante la campaña. Otra referencia podría ser el sueldo que los concejales con dedicación exclusiva cobraban en sus trabajos antes de que despertara su vocación por el servicio a los ciudadanos.
Me parece lógico que cualquier persona que abandone su trabajo para dedicarse a la política reciba un sueldo adecuado a su nueva actividad. Lo que no parece de recibo, y es lo que despierta todas las suspicacias, es que los que van a gobernar se asignen tanto su sueldo como el de sus oponentes, sin que exista un criterio legal que fije lo que corresponde a cada ayuntamiento según su envergadura, ya sea territorial, demográfica o económica.
En el caso de Alhama, el compromiso de los componentes del pacto en su campaña electoral era distinto. Mientras el PP afirmaba, por boca de su candidato, que mantendría los niveles de la anterior corporación, el Sr. Cánovas, por parte del CCD, manifestó su intención de volver a los sueldos del periodo 2003-2007, en el que fue concejal con dedicación exclusiva. La realidad nos dice que ni una cosa ni otra.
La actual Corporación está compuesta por 12 concejales con responsabilidad de gobierno y 9 en la oposición. Sus asignaciones nos costarán 462.567,74 € anuales, lo que supone 563,3 € menos que la Corporación anterior. Con estos datos, el Gobierno Local ha hecho alarde de su habilidad para la gestión al haber reducido el gasto. Sin embargo, aquí hay “gato encerrao” porque la oposición, con 9 concejales, nos cuesta ahora 62.160 € (7.310 € menos que en la legislatura anterior con 6 concejales). Por tanto, el gobierno PP-CCD, que se incrementa con un concejal, nos cuesta 6.747 € más que el anterior gobierno del PPSOE. Conclusión, “el pato de los recortes” lo paga la Oposición, y el Gobierno “mata dos pájaros de un tiro”: por un lado, presume de reducir el gasto; y por otro, aprieta el cinturón a sus oponentes, que tendrán menos recursos para ejercer su labor. De este modo, la reducción del coste por concejal del Gobierno ha sido del 6,7 %, mientras que el de la oposición se ha reducido un 40%.
A todo esto hay que añadir que el gobierno municipal cuenta con todos los medios humanos y materiales del Ayuntamiento a su disposición, incluidos los 5 pedáneos y los cargos de confianza de libre designación, que percibirán su correspondiente asignación económica. Mientras tanto, los Grupos de la Oposición no pueden contar con personal de apoyo. Estas son las consecuencias de que quien gobierna sea juez y parte en la asignación de las retribuciones. Ya se sabe: “el que parte y reparte se queda con la mejor parte”.
El asunto de las asignaciones económicas a los concejales y grupos políticos siempre resulta ser controvertido, y en ocasiones polémico, al no haber ninguna ley que regule las cantidades a percibir por el desempeño del cargo. Las únicas referencias que se tienen son: asignaciones de corporaciones anteriores, la comparación con pueblos de similares características o las promesas electorales realizadas por unos y otros durante la campaña. Otra referencia podría ser el sueldo que los concejales con dedicación exclusiva cobraban en sus trabajos antes de que despertara su vocación por el servicio a los ciudadanos.
Me parece lógico que cualquier persona que abandone su trabajo para dedicarse a la política reciba un sueldo adecuado a su nueva actividad. Lo que no parece de recibo, y es lo que despierta todas las suspicacias, es que los que van a gobernar se asignen tanto su sueldo como el de sus oponentes, sin que exista un criterio legal que fije lo que corresponde a cada ayuntamiento según su envergadura, ya sea territorial, demográfica o económica.
En el caso de Alhama, el compromiso de los componentes del pacto en su campaña electoral era distinto. Mientras el PP afirmaba, por boca de su candidato, que mantendría los niveles de la anterior corporación, el Sr. Cánovas, por parte del CCD, manifestó su intención de volver a los sueldos del periodo 2003-2007, en el que fue concejal con dedicación exclusiva. La realidad nos dice que ni una cosa ni otra.
La actual Corporación está compuesta por 12 concejales con responsabilidad de gobierno y 9 en la oposición. Sus asignaciones nos costarán 462.567,74 € anuales, lo que supone 563,3 € menos que la Corporación anterior. Con estos datos, el Gobierno Local ha hecho alarde de su habilidad para la gestión al haber reducido el gasto. Sin embargo, aquí hay “gato encerrao” porque la oposición, con 9 concejales, nos cuesta ahora 62.160 € (7.310 € menos que en la legislatura anterior con 6 concejales). Por tanto, el gobierno PP-CCD, que se incrementa con un concejal, nos cuesta 6.747 € más que el anterior gobierno del PPSOE. Conclusión, “el pato de los recortes” lo paga la Oposición, y el Gobierno “mata dos pájaros de un tiro”: por un lado, presume de reducir el gasto; y por otro, aprieta el cinturón a sus oponentes, que tendrán menos recursos para ejercer su labor. De este modo, la reducción del coste por concejal del Gobierno ha sido del 6,7 %, mientras que el de la oposición se ha reducido un 40%.
A todo esto hay que añadir que el gobierno municipal cuenta con todos los medios humanos y materiales del Ayuntamiento a su disposición, incluidos los 5 pedáneos y los cargos de confianza de libre designación, que percibirán su correspondiente asignación económica. Mientras tanto, los Grupos de la Oposición no pueden contar con personal de apoyo. Estas son las consecuencias de que quien gobierna sea juez y parte en la asignación de las retribuciones. Ya se sabe: “el que parte y reparte se queda con la mejor parte”.
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