El derecho a la salud está reconocido como uno de los derechos fundamentales del ser humano. Creo que en cualquier país de los que se denominan desarrollados todas las personas, con independencia de su condición social o económica, deben tener garantizada su atención sanitaria. Las últimas medidas adoptadas por el Gobierno del PP ponen en tela de juicio este derecho.
Dentro del paquete de medidas con las que los populares pretenden sacarnos de la crisis económica en la que nos han metido los especuladores, entran una serie de duros recortes en la sanidad pública que han empezado a aplicarse a partir del 1 de julio. Entre ellos podemos destacar el copago de las recetas médicas, la retirada de la financiación de más de 400 medicamentos de uso habitual, el aumento del porcentaje a abonar por cada medicamento, el pago de gran parte de las prótesis ambulatorias (férulas, muletas, sillas de ruedas…) y la retribución del transporte sanitario no urgente.
La medida que en la actualidad está en el candelero es la retirada de la tarjeta sanitaria a los “sin papeles” desde el pasado 1 de septiembre. Esta norma ha suscitado un enorme debate entre los profesionales médicos, así como un gran rechazo por parte de un importante sector de la sociedad española.
Buena parte de los profesionales de la medicina han expresado su compromiso de proteger la salud de las personas sin ningún tipo de discriminación, con arreglo a su código deontológico. Asimismo, han expresado su preocupación por lo problemas de salud que puede acarrear la falta de asistencia a los que queden excluidos de nuestro sistema sanitario. Esta situación puede provocar la detección tardía de muchas enfermedades, entre ellas los cánceres y las enfermedades infecciosas. Algunos gobiernos autonómicos –entre los que no se encuentra el del Sr. Valcárcel-, conscientes de los problemas de salud pública que puede generar la falta de atención sanitaria adecuada a determinados colectivos, ya han anunciado que desobedecerán la norma y seguirán atendiendo a todos los ciudadanos que habiten en su territorio.
Después de analizar diferentes informaciones sobre el asunto en cuestión, comparto la opinión de aquellos que afirman que detrás de las medidas de recorte en la sanidad se esconde un afán desmedido de la derecha española por deteriorar lo público y promocionar lo privado. Tal como sucede en otros servicios fundamentales como educación o prestaciones sociales. Se trata de convertir los derechos básicos en un lujo, cuya calidad dependerá del nivel económico de cada cual. No hay que ser ningún “lumbreras” para darse cuenta de que nos quieren colocar “por la puerta de atrás” los seguros privados, los planes de pensiones, etc. Todo ello en función de lo que ordenan quienes manejan el capital, que son los que realmente gobiernan.
Pienso que, como siempre, el poder arremete contra los más débiles, a los que se les pone en el punto de mira. Mientras, los verdaderos causantes del derroche que nos ha llevado a esta situación siguen impunemente con sus desmanes. Sin duda, los más desprotegidos entre los débiles son los “indocumentados”. Hay quienes los necesitan para explotarlos y que consuman, a la vez que pretenden que sean invisibles y no tengan derecho alguno. En Alhama, sin ir más lejos, se han suprimido parte de los servicios asistenciales destinados a inmigrantes por la falta de subvenciones de la Comunidad Autónoma.
Dentro del paquete de medidas con las que los populares pretenden sacarnos de la crisis económica en la que nos han metido los especuladores, entran una serie de duros recortes en la sanidad pública que han empezado a aplicarse a partir del 1 de julio. Entre ellos podemos destacar el copago de las recetas médicas, la retirada de la financiación de más de 400 medicamentos de uso habitual, el aumento del porcentaje a abonar por cada medicamento, el pago de gran parte de las prótesis ambulatorias (férulas, muletas, sillas de ruedas…) y la retribución del transporte sanitario no urgente.
La medida que en la actualidad está en el candelero es la retirada de la tarjeta sanitaria a los “sin papeles” desde el pasado 1 de septiembre. Esta norma ha suscitado un enorme debate entre los profesionales médicos, así como un gran rechazo por parte de un importante sector de la sociedad española.
Buena parte de los profesionales de la medicina han expresado su compromiso de proteger la salud de las personas sin ningún tipo de discriminación, con arreglo a su código deontológico. Asimismo, han expresado su preocupación por lo problemas de salud que puede acarrear la falta de asistencia a los que queden excluidos de nuestro sistema sanitario. Esta situación puede provocar la detección tardía de muchas enfermedades, entre ellas los cánceres y las enfermedades infecciosas. Algunos gobiernos autonómicos –entre los que no se encuentra el del Sr. Valcárcel-, conscientes de los problemas de salud pública que puede generar la falta de atención sanitaria adecuada a determinados colectivos, ya han anunciado que desobedecerán la norma y seguirán atendiendo a todos los ciudadanos que habiten en su territorio.
Después de analizar diferentes informaciones sobre el asunto en cuestión, comparto la opinión de aquellos que afirman que detrás de las medidas de recorte en la sanidad se esconde un afán desmedido de la derecha española por deteriorar lo público y promocionar lo privado. Tal como sucede en otros servicios fundamentales como educación o prestaciones sociales. Se trata de convertir los derechos básicos en un lujo, cuya calidad dependerá del nivel económico de cada cual. No hay que ser ningún “lumbreras” para darse cuenta de que nos quieren colocar “por la puerta de atrás” los seguros privados, los planes de pensiones, etc. Todo ello en función de lo que ordenan quienes manejan el capital, que son los que realmente gobiernan.
Pienso que, como siempre, el poder arremete contra los más débiles, a los que se les pone en el punto de mira. Mientras, los verdaderos causantes del derroche que nos ha llevado a esta situación siguen impunemente con sus desmanes. Sin duda, los más desprotegidos entre los débiles son los “indocumentados”. Hay quienes los necesitan para explotarlos y que consuman, a la vez que pretenden que sean invisibles y no tengan derecho alguno. En Alhama, sin ir más lejos, se han suprimido parte de los servicios asistenciales destinados a inmigrantes por la falta de subvenciones de la Comunidad Autónoma.
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