miércoles, 29 de noviembre de 2017
Intervención de Isabel Campos López en el Pleno sobre el Día Contra la Violencia de Género
Cada vez que tengo que prepararme una intervención de este tipo, no se
por donde empezar. A veces tengo miedo de que, con el paso de los años, y con
gobiernos que no tomen verdaderas cartas en el asunto, la violencia en general
y la de genero en particular, se instale en nuestra sociedad como algo
relativamente normal de lo que solo tomamos conciencia una vez al año.
La violencia contra las mujeres, la mutilación genital femenina, los
matrimonios concertados con niñas menores y la trata de mujeres y niñas con
fines de explotación sexual, son flagrantes atentados contra Los Derechos
Humanos.
Vemos, año tras año, que las políticas para poner freno a este desatino
no están dando resultado. Por un lado, se actúa más en las acciones paliativas,
cuando ya ha ocurrido una agresión, que en las preventivas que irían
relacionadas con la educación en Igualdad.
Que no están dando resultado es algo que podemos comprobar, casi a
diario. El numero de victimas mortales como causa de la violencia de género, no
disminuye, y vemos como los comportamientos agresivos y sumisos aumentan cada
vez más entre la población joven.
Es significativo que el libro más vendido entre adolescentes
universitarias y mujeres jóvenes haya sido uno que cuenta una relación de
pareja basada en dominación y sumisión. Este libro ya tiene película, película
que también batió récords de público, hace unos días una televisión privada la
emitió en horario de máxima audiencia y obtuvo un 25% de cuota de pantalla, es
decir uno de cada cuatro espectadores de tv, vieron la película en cuestión.
El problema es mucho más serio de lo que parece y creo que no se está
yendo al fondo de la cuestión, al porqué de que la mujer siga siendo, objeto de
violencia, agresión y humillación. Desde 2008 son 916 las mujeres asesinadas
En algo estamos fallando cuando se sienta a la victima en el banquillo
de los acusados, como ha así ha sido en el tristemente famosos caso de “la
manada”. En esta ocasión la víctima fue tratada como una delincuente, aunque
posteriormente se demostró que ella tenía la razón.
O cuando la violación sistemática a una niña desde los cinco a los diez
años, por un vecino, no es considerada por el juez encargado del caso, como
agresión sexual, porque la niña no opuso resistencia.
Los niños son
víctimas inocentes de los pensamientos y acciones irracionales por parte de los
adultos. 4.000 denuncias al año son las relacionadas con menores que sufren
violencia en el ámbito familiar
ALGUNAS CIFRAS para preocuparse (Diario Público)
El 27,4% de los jóvenes de entre 15 y 29 años cree que la violencia
machista es "una conducta
normal" en el seno de una pareja, y el 31,5 % cree que es un
problema que aumenta progresivamente por culpa de la población inmigrante.
Por su parte, el 21,2% considera que la violencia machista es un tema
politizado que se exagera y casi un 7% cree que es un problema inevitable ya
que, aunque esté mal, siempre ha existido.
Estas opiniones se dan a pesar de las cifras tan altas de mujeres
asesinadas en España durante 2017, ya que son 44 las asesinadas por violencia machista en lo que va de año.
Al menos 23 niños han
sido asesinados por sus padres o parejas de sus madres en los últimos
cinco años víctimas de la violencia
machista. Otros 185 han visto (en muchos casos, presenciado en directo)
cómo su propio padre o el novio de su madre les arrebataba a la mujer que les
dio la vida.
ALMUDENA GRANDES. “Violaciones”
La violación es un
delito. Violar a una
prostituta, a una mujer promiscua, a una noctámbula, a una alcohólica, a una
drogadicta, a una mendiga, no es ni más ni menos grave que violar a una virgen
adolescente de misa diaria o a la propia esposa dentro del matrimonio, porque
todas las violaciones son uno y el mismo delito.
La condición moral de la víctima, sus costumbres, su conducta, son
factores tan irrelevantes aquí como en cualquier otro crimen.
Se podría pensar que admitir como prueba el informe de un detective sobre la
vida cotidiana de la víctima de una violación sería parecido a aceptar, en un
caso de asesinato, un testimonio que probara que el muerto era un malvado que
merecía morir, para que la defensa solicite que se considere como atenuante.
Podría parecer lo mismo, pero no lo es.
Porque lo que
pretende culpabilizar a la víctima de La Manada, sembrar dudas sobre su
condición moral, es que se atreviera a salir a la calle, a
tomar copas con sus amigas, después de haber sido violada, en lugar de quedarse
en su casa con todas las persianas bajadas y la cabeza cubierta de ceniza.
Eso es lo que el
tribunal ha valorado, y al hacerlo, no sólo ha asumido que la calle, la noche,
la diversión, son un territorio masculino. También está transmitiendo a la sociedad que, para ser
creída, respetada, una mujer violada debe seguir sufriendo después de haber
sufrido, renunciar de por vida al placer y a la alegría para
que se tome en consideración su sufrimiento. Así, una presunta
decisión técnica de un juez se convierte a su vez en un acto de violencia sobre
las mujeres.
La violencia contra las mujeres es trasversal y esta presente en todos
los ámbitos de la sociedad, en todas las clases sociales y en todas las franjas
de edad.
REFRANES
Los refranes populares reflejan de forma breve, las costumbres y modos
de pensar de generaciones anteriores y muy a pesar nuestro también de la actual
“A la mujer en casa, nada le pasa.”
“Mujer que
guisa, se casa aprisa.”
Estos adjudican a la mujer un lugar, la casa y sus labores
le garantizan seguridad y matrimonio.
“A la mujer barbuda, de lejos se le
saluda, con dos piedras mejor que con una.”
“A
la mujer y a la burra, cada día una zurra.”
“Gallina que al gallo espanta, córtale
la garganta.”
Estos tres,
justifican la violencia con una u otra razón
Para terminar, me he dejado tres joyas, tres pensamientos que, si nos
paramos a pensar, están en el inconsciente colectivo y favorecen la desigualdad
y los comportamientos de violencia en la pareja.
“Ni joya prestada ni mujer
letrada”
“Mujer que sabe latín, no
tiene marido ni buen fin”
“No te cases con mujer que te gane
en el saber”
El lugar que, desde siempre, se nos ha dado es el hogar, la maternidad, los
cuidados familiares, amante esposa, hija obediente, madre abnegada.
Ese es el lugar que convenientemente se nos pone, pero yo pregunto ¿En qué
lugar nos ponemos nosotras?
Valoración del Pleno Ordinario del 28 de noviembre de 2017
El pleno aprobó las mociones del
Grupo Municipal de IU-Verdes para que se incorporen clausulas sociales y
medioambientales en los contratos municipales, y la que solicita la reforma de
la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
En la moción sobre clausulas
sociales y medioambientales, se aprobó aplicar criterios como la calidad de
las condiciones de empleo, la inserción socio laboral de colectivos
desfavorecidos, la diversidad funcional, políticas de género, medioambientales
y de comercio justo en todas las
contrataciones y compras públicas. Para
ello, se pondrá en marcha la instrucción para la contemplar estas
clausulas y la elaboración de un manual que sirva de guía para su aplicación,
así como la formación de los funcionarios municipales responsables.
Los concejales populares y de
Ciudadanos, con su voto en contra, dejaron patente que están en las instituciones
públicas para otros asuntos, que no pasan por apoyar iniciativas para acabar
con las desigualdades y los desequilibrios sociales. Por su parte, el Gobierno
Municipal solicitó un plazo para su puesta en marcha, apoyándola con el
compromiso de su implantación durante el 2º semestre de 2018.
La segunda de las mociones
solicitaba la modificación de la regulación de la Regla del Gasto, introducidas
por la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (conocida
como Ley Montoro), en desarrollo de la reforma del artículo 135 de la
Constitución Española, que ha supuesto encorsetar y constreñir la toma de
decisiones en las administraciones públicas, afectando muy especialmente a los
ayuntamientos como administración más cercana a los ciudadanos.
La Regla de Gasto impide -a pesar
de que haya superávit- que se dedique ese saldo positivo al gasto social o a
realizar nuevas inversiones, debiendo utilizarse para amortizar deuda de manera
anticipada aunque sea algo absurdo desde el punto de vista económico. En la
exposición aunque, se cita como ejemplo al Ayuntamiento de Madrid, se centra en
el agravio comparativo para las Corporaciones Locales respecto a las exigencias
de otras administraciones, aprobándose instar al Gobierno a promover una reforma
de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, y
permitir a las Corporaciones Locales que
cumplen con los criterios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad
financiera, así como de control de la morosidad, reinvertir el superávit fiscal
y dar prioridad al gasto necesario para asegurar la prestación de los servicios
públicos fundamentales.
Respecto a la anulación del Plan
Especial “Parque Temático Paramount” en cumplimiento de la sentencia nº 202/17
de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia
de Murcia. La misma da la razón a Ecologistas en Acción, estimando el recurso
interpuesto contra el acuerdo de Pleno que rechazó sus alegaciones a la
aprobación definitiva del Plan Parcial Paramount, que considera anulado por no
ser conforme a derecho.
Recordamos que los Concejales del Grupo Municipal de IU-Verdes, fuimos los
únicos que votamos en contra, en el Pleno 26 de septiembre de 2013, cuando el
Partido Popular y Ciudadanos rechazaron el recurso interpuesto por Ecologistas
en Acción. En nuestra intervención, expresamos que considerábamos una
ilegalidad declarar urbanizable parte de un espacio protegido para aumentar la
edificabilidad en el resto del proyecto Paramount.
A los concejales del pacto PP-Ciudadanos les advertimos
de su actitud irresponsable, que la cuestión acabaría en los tribunales y que
algún día se resolvería. Sin embargo su preocupación consistía en sacar el
máximo partido mediático a Paramount con
primeras piedras, actos partidistas en la Casa de la Cultura o creando falsas
expectativas a los alhameños con una oficina para la recepción de curriculums
en la web municipal y en dependencias de nuestro Parque Industrial, a la espera
de los réditos electorales que les aportaría.
El Grupo Municipal de IU-Verdes
apoyo la adhesión al Convenio de Colaboración con la Comunidad Autónoma en
relación con la implantación de la Administración Electrónica y la moción
conjunta sobre el Día Internacional contra la Violencia de Género, en la que
señalamos que la violencia contra las mujeres es trasversal y está presente en
todos los ámbitos de la sociedad, en todas las clases sociales y en todas las
franjas de edad. Así como la preocupación por que no se tomen verdaderas cartas
en el asunto y, la violencia en general y la de género en particular, se
instale en nuestra sociedad como algo relativamente normal de lo que sólo
tomamos conciencia una vez al año.
domingo, 26 de noviembre de 2017
VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES
Artículo de Damián Rubio publicado en InfoLínea
El próximo 25 de noviembre, como
todos los años, se celebra el Día Internacional contra la Violencia hacia las
Mujeres. Con ello se quiere insistir, una vez más, en la imperiosa necesidad de
prevenir y detectar cualquier caso de maltrato hacia este colectivo. Nuestra
sociedad aún no ha encontrado la manera de erradicar definitivamente esta lacra
que tanto daño le produce.
Desde todas las Administraciones
no han de escatimarse esfuerzos para realizar políticas de prevención, detección
y sensibilización, que engloben todo tipo de violencia hacia la mujer, no sólo
la que se circunscribe al ámbito de la pareja. En un intento vano de minimizar
las escandalosas cifras que cada año provoca esta lacra, el Ministerio de
Sanidad no incluye en sus datos aquellas víctimas que son menores de edad, no
son pareja del agresor o existe alguna duda para su consideración como
violencia de género.
Según los datos del Ministerio, a
10 de noviembre del presente año, son 44 las víctimas contabilizadas; sin embargo, otras fuentes las
elevan a más de medio centenar. Me parece un error, dado que se trata de un
problema que afecta a la sociedad en su conjunto, que se juegue con las cifras
de víctimas en lugar de apostar por una política integral que aborde este
problema en toda su profundidad.
La violencia hacia la mujer se
ejerce en todos los ámbitos, no sólo en el familiar o doméstico. Sin ir más
lejos, en el ámbito laboral aún persiste una gran brecha salarial entre hombres
y mujeres que realizan un mismo trabajo, camuflándolo mediante distintos tipos
de contratación y categorías. Durante estos días, en algunos medios de
comunicación hemos podido leer titulares como éste: “Las mujeres españolas
trabajan gratis desde este miércoles 8 de noviembre hasta 2018”. Convendrán
conmigo que esto también es violencia hacia la mujer.
En el cómputo de la violencia de
género tampoco entran la publicidad sexista, la prostitución, la trata de
blancas, las violaciones, el acoso sexual, la que se da entre parejas del mismo
sexo o entre ascendientes y descendientes. Es una forma de esconder la cabeza y
no querer ver la realidad en toda su extensión.
A nivel administrativo, sin duda,
hay que empezar por las entidades locales realizando políticas de igualdad,
campañas preventivas, educativas y de sensibilización, que se extiendan a toda
la población. Estas actuaciones deben estar dirigidas a las familias, centros
educativos y a la sociedad en su conjunto. Por supuesto, todo ello implica
destinar recursos presupuestarios para que todo esto no quede en una
declaración de intenciones. Las administraciones regional y nacional deberían
remar en la misma dirección, facilitando recursos económicos y humanos.
Aún no conozco los actos
relacionados con el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres en
Alhama. Supongo que en la línea de años anteriores, el Pleno aprobará una
moción conjunta de todos los Grupos Municipales y se realizará un programa de
actos que incluirá reparto de información,
actos simbólicos, debates, conferencias y lectura de un manifiesto. Todo
ello quedará en un mero acto de buenas intenciones, si no se realiza una
planificación de actuaciones concretas durante todo el año.
Damián Rubio es Coordinador Local de IU-Verdes Alhama
Damián Rubio es Coordinador Local de IU-Verdes Alhama
jueves, 23 de noviembre de 2017
lunes, 20 de noviembre de 2017
MOCION EN APOYO AL AYUNTAMIENTO DE MADRID ANTE LA INTERVENCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE HACIENDA
EL GRUPO MUNICIPAL DE IU-VERDES EN EL AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA, PRESENTA, PARA EL PLENO ORDINARIO DEL MES DE NOVIEMBRE, PARA SU DEBATE
Y APROBACIÓN LA SIGUIENTE MOCIÓN
MOCION: EN APOYO AL
AYUNTAMIENTO DE MADRID ANTE LA INTERVENCIÓN FINANCIERA DEL MINISTERIO DE
HACIENDA Y DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN DE LA REGULACIÓN DE LA REGLA DE GASTO
EXPOSICIÓN
DE MOTIVOS
El Ministerio de Hacienda envió el pasado
27 de octubre una carta al Ayuntamiento de Madrid comunicando que no podía
aprobar el Plan Económico Financiero (PEF) presentado a no ser que la
corporación incluya recortes de gasto por cuantía de 238 millones en 2017 y 243
en 2018. Su argumentación se basa en que el Ayuntamiento ha utilizado un
cálculo erróneo de la Regla de Gasto, aunque lo cierto es que el Ayuntamiento
ha utilizado el mismo procedimiento que emplea siempre el Ministerio. Ese
procedimiento viene recogido en el artículo 12.1 de la Ley Orgánica de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. Es el que se utiliza en
la aplicación informática del propio Ministerio.
El Ayuntamiento de Madrid, por otra parte,
ha presentado ya tres Planes Económicos Financieros, exactamente como marca la
ley en caso de vulneración de la regla de gasto, y además realizó Acuerdos de No
Disponibilidad por valor de 238 millones el pasado abril, como requirió el
Ministerio (exactamente la misma cantidad que el Ministerio exige que se
recorte de nuevo). Esos acuerdos siguen vigentes y el dinero correspondiente
del Presupuesto está inmovilizado, aunque se ha encontrado otra fuente de
financiación, el remanente de tesorería, para ejecutar las actuaciones que
debieron retirarse del presupuesto. Las Inversiones Financieramente Sostenibles
emprendidas con ese remanente son absolutamente legales y no computan en regla
de gasto. El Ministerio puede pedir que se inmovilice dinero pero no que se
dejen de hacer inversiones concretas.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que
la regla no es el fin en sí mismo, sino un medio que garantice la estabilidad
presupuestaria.
La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera (LOEPSF), desarrollo de
la reforma del artículo 135 de la Constitución Española, ha supuesto la
consagración de la estabilidad presupuestaria como principio máximo al que ha
quedado supeditada el conjunto de la política económica y social de las
administraciones públicas, dando “prioridad absoluta” al pago de la deuda
pública por encima de cualquier otro gasto público. En concreto, la prohibición,
en el artículo 11 de la citada Ley, de incurrir en “déficit estructural”, y la
enunciación, en el artículo 12, de la denominada “regla de gasto” están
restringiendo de manera injustificada la actuación las Corporaciones Locales, en
un contexto en el que coexisten importantes superávit presupuestarios con
acuciantes necesidades sociales, debido a unos servicios públicos fundamentales
debilitados después de años de fuertes restricciones presupuestarias.
Tal y como explica la Autoridad Independiente de Responsabilidad
Fiscal (AIReF), la formulación de la regla de gasto que se deriva de la Ley Orgánica
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera es distinta de la interpretación que se hace
de ella a nivel europeo. En el ámbito comunitario, en vez de aplicarse a cada
una de las administraciones públicas por separado, se aplica al conjunto de las
mismas. Además, no se activa mientras el país tenga abierto un procedimiento de
déficit excesivo. No sólo eso, sino que la regla es un indicador del objetivo
de estabilidad a medio plazo y, por tanto, su posible incumplimiento no tiene
consecuencias en forma de sanciones. Nuestra regulación, en cambio, impone, en
el contexto del procedimiento de déficit excesivo abierto a nuestro país, una
regla injustificadamente rígida a todas y cada una de las administraciones,
que, en particular, las Corporaciones Locales se ven obligadas a cumplir bajo amenaza de
sanciones y un mayor control por parte de la Administración Central.
Más aún, tal y como es aplicada, la regla
de gasto supone un agravio comparativo para las Corporaciones Locales respecto al grado de exigencia de
consolidación fiscal que sufren en comparación con la Administración Central.
En efecto, el mal diseño de la regla provoca que, en la práctica, se aplique de
manera independiente respecto del objetivo de estabilidad, que es lo que
determina el esfuerzo de consolidación financiera del Estado. Dado que la regla
de gasto no considera el incremento de los ingresos vinculado a la mejora de la
coyuntura económica, la regla se acaba convirtiendo en un criterio más severo
en términos de consolidación fiscal que el que se deriva de aplicar el objetivo
de estabilidad.
De este modo, no es de extrañar que haya
sido el extremo esfuerzo de consolidación fiscal de las Corporaciones Locales el mayor responsable de la reciente reducción
del déficit público (superávit del 0,6% del PIB de las Corporaciones Locales ,
frente a un déficit del 0,8%, el 1,6% y el 2,5% de las Comunidades Autónomas,
la Seguridad Social y la Administración Central, respectivamente, en 2016).
Ello a pesar de que las Corporaciones Locales presentan unos niveles de gasto y deuda
sustancialmente inferiores a los de las Comunidades Autónomas y el Estado (5,7%
de gasto público local sobre el PIB frente a un 42,4% del PIB de gasto público
total; y 2,9% de deuda local sobre el PIB frente a un 99,4% del PIB de total de
deuda pública en 2016).
La profunda inequidad en el reparto del
esfuerzo de consolidación ha producido, al mismo tiempo, una sustancial brecha
en el saldo presupuestario que mantienen las Corporaciones Locales españolas en comparación con las del promedio
de la Unión Europea (0,6% del PIB de superávit en el caso español vs. 0,1% en
la media europea). Como consecuencia, la aplicación de la regla de gasto ha
supuesto un importante obstáculo para asegurar una recuperación del gasto
público que haga posible que las Corporaciones Locales españolas se acerquen al grado de prestación
de servicios públicos de su competencia presente en el resto de Europa.
No sólo eso, sino que el hecho de que la Ley
Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera incluya
sanciones económicas y mecanismos de intervención por parte del Gobierno en las
administraciones que no cumplan con el nivel de gasto que se deriva de la
regla, socava también el principio de autonomía local. De hecho, supone una
injerencia especialmente difícil de justificar en un contexto en el que la
mayoría de las Corporaciones Locales presentan superávit presupuestarios e
importantes remanentes de tesorería; en el que, tomadas en su conjunto, cumplen
ya con el límite de deuda que se les asigna en el artículo 13 de la Ley y,
tomadas por separado, cumplen, en muchos de los casos, los límites de deuda
respecto a ingresos fijados por la legislación reguladora de las Haciendas
Locales en materia de autorización de operaciones de endeudamiento; y en el
que, además, respetan el periodo medio máximo de pago a proveedores establecido
en la Ley 15/2010 sobre medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.
En conclusión, para evitar las
injustificadas distorsiones que la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera genera, es necesaria una modificación de la misma con
el objetivo de que dicha ley, que establece los principios y normas que han de
regir las administraciones públicas para lograr la estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera, los determine respetando la autonomía local y
garantizando la capacidad de las Corporaciones Locales de asegurar una prestación suficiente de los
servicios públicos cuya competencia tienen asignada, exigiendo un esfuerzo
equitativo a cada una de esas administraciones en el logro de la citada
estabilidad.
El Gobierno se comprometió al inicio del
año con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) a revisar la
regla de gasto para evitar que fuese tan restrictiva con el superávit de las
corporaciones. Aunque hasta la fecha no se ha conseguido ningún avance,
Hacienda está dispuesta a dar más flexibilidad a los ayuntamientos con una
reforma de la regla de gasto. Por este motivo sorprende más que haya decidido
intervenir los pagos de Madrid cuando está cerca de modificar la normativa.
Por todo lo
anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IU-Verdes propone al Pleno del
Ayuntamiento de Alhama de Murcia que adopte los siguientes
ACUERDOS
1.- El Ayuntamiento de Alhama de Murcia muestra
su solidaridad con el Ayuntamiento de Madrid, e insta al Gobierno de España a
la retirada inmediata de los controles financieros impuestos al mismo, por
considerarlos un ataque injustificado a la Autonomía Local reconocida por la
Constitución.
2.- Instar al Gobierno a promover una
reforma de la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera, y del artículo 135 de la Constitución Española que modifique la
regulación de la regla de gasto, de modo que permita a las Corporaciones
Locales que cumplen con los criterios de
estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, así como de control de
la morosidad, reinvertir el superávit fiscal y dar prioridad al gasto necesario
para asegurar la prestación de los servicios públicos fundamentales por encima
de los créditos para satisfacer los pagos de la deuda pública, asimilando los
requisitos presupuestarios impuestos a dichas Corporaciones Locales a los exigidos al Estado y a las Comunidades
Autónomas.
Alhama de Murcia a 16 de noviembre 2017
Grupo Municipal de IU-Verdes
Moción sobre cláusulas sociales en contrataciones y compras municipales
EL GRUPO MUNICIPAL DE IU-VERDES EN EL AYUNTAMIENTO DE
ALHAMA, PRESENTA, PARA EL PLENO ORDINARIO DEL MES DE, NOVIEMBRE PARA SU DEBATE
Y APROBACIÓN LA SIGUIENTE MOCIÓN
Moción: Clausulas sociales en contrataciones y compras municipales.
En los últimos años, la crisis económica que padece nuestro País ha
dejado en evidencia la situación que sufre la ciudadanía. Numerosas situaciones
de exclusión se han convertido en cotidianas. Según los datos del SEPE, en
Alhama de Murcia hay 1.528 personas en paro (un 16,00%). Para cambiar esa grave situación es indispensable
la implicación de las instituciones Locales.
Las instituciones públicas cuentan con diferentes instrumentos que se
pueden utilizar para modificar esta situación y que, actuando de una manera más
justa, pueden abrir nuevas posibilidades. Uno de esos instrumentos es la
Contratación Pública. Las contrataciones públicas pueden ayudar a reducir esos
desequilibrios y abrir nuevas vías de desarrollo económico y social. Las instituciones
públicas están obligadas a hacer un verdadero esfuerzo en esa dirección, especialmente los Ayuntamientos,
al ser la institución más próxima a la ciudadanía. Trabajando desde todos los
ámbitos, conseguiremos acabar con las desigualdades y los desequilibrios
sociales.
El marco legal que establece la Ley de Contratos del Sector Público
(Texto refundido aprobado en el Real Decreto Legislativo 3/2011) y la Directiva
2004/18/CE del Parlamento Europeo ofrecen oportunidades para incluir cláusulas
sociales por las Administraciones Públicas, permitiendo que las Contrataciones
Públicas sean una herramienta para desarrollar políticas sociales y económicas
públicas.
Desde hace años, a la hora de hacer contrataciones y compras públicas
únicamente se han utilizado como base criterios economicistas, tomándose como
única referencia el costo de los suministros y servicios que se ofrecen. Es
necesario cambiar eso. No deberíamos destinar fondos públicos a empresas que
contaminen, que incumplan normas relativas a seguridad y salud en el trabajo,
que no respeten los derechos laborales o que no cumplan con los de integración
e igualdad de nuestro marco normativo. Es indispensable que desde las
instituciones municipales se lleve a cabo otra política, pues únicamente le haremos
frente a esta situación rompiendo con muchos de los esquemas utilizados hasta
ahora. Tenemos que recorrer el camino hacia unas contrataciones públicas
justas. Además de garantizar las condiciones laborales de las trabajadoras y
los trabajadores municipales, el ámbito a desarrollar es muy amplio: respetar
los convenios laborales de cada sector, garantizar la seguridad laboral,
proteger el medio ambiente, establecer criterios de igualdad, garantizar la
presencia de personas con discapacidades físicas o psíquicas, etc….
Es hora de que las Instituciones Públicas den pasos de transparencia y
participación en las contrataciones y compras públicas. Ha llegado el momento
de que nuestro Ayuntamiento prime los derechos de las trabajadoras y los
trabajadores, las mujeres y las personas discapacitadas, economía social, así
como los derechos ambientales.
Para ello,
desde la Concejalía de Hacienda se debe
trabajar en la elaboración de
un documento de cláusulas sociales y medioambientales que servirá de base para su
inclusión en los pliegos
de contratación administrativos y técnicos que las empresas firmen con
el Ayuntamiento de Alhama
de Murcia, primando a aquellas
empresas que trabajen con el mismo y cumplan criterios
tales como igualdad, accesibilidad, seguridad y salud laboral,
empleo, estabilidad del mismo y formación en el lugar de trabajo
u otros similares.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo
Municipal de IU-Verdes propone al Pleno del Ayuntamiento de Alhama de Murcia
que adopte los siguientes
ACUERDOS:
1º) Aprovechando las posibilidades que ofrece la
Legislación vigente, este Ayuntamiento aprueba incluir y aplicar “clausulas
sociales y medioambientales (criterios como la calidad
de las condiciones de empleo,
la inserción socio laboral de colectivos desfavorecidos, la
diversidad funcional, políticas de género, medioambientales y de comercio
justo,...) en todas las
contrataciones y compras públicas que se
hagan de ahora en adelante, destacando ámbitos de inserción socio laboral,
entidades sociales y solidarias, discapacidad, igualdad de género, calidad en
el empleo, responsabilidad social de las empresas o comercio justo; e
incluyendo cláusulas de garantía que den lugar en caso de incumplimiento a
sanciones o a la resolución de dicha contratación. Dichos criterios se valorarán como parte objetiva
de la puntuación total
2º) Las cláusulas sociales deben incluir
como condiciones mínimas de los trabajadores y trabajadoras que presten su servicio en las empresas
licitadoras, las del (último
convenio colectivo de ámbito más inferior existente
en el sector en que se encuadre
la actividad de la empresa adjudicataria.
3º)
Poner en marcha
desde la Concejalía de Hacienda, la instrucción sobre la incorporación de cláusulas sociales
y medioambientales en contratos, concesiones y autorizaciones
en el Ayuntamiento de Alhama de Murcia. De la misma forma, elaborar un Manual con Anexos,
que sirvan de guía para su aplicación a los centros gestores de los distintos
departamentos del Ayuntamiento de Alhama de Murcia.
4º) Una vez se tenga elaborados los distintos documentos
referidos, poner en marcha
en el Ayuntamiento jornadas de formación con los responsables y técnicos dedicados a la
elaboración de los pliegos de condiciones, así como a los responsables de compras,
Secretaria General e Intervención, para su
correcta aplicación posterior.
5º) Iniciar un proceso de consulta con agentes sociales,
sindicatos, grupos políticos
así como con el tejido asociativo
de Alhama y los propios vecinos y vecinas de cara a enriquecer y perfeccionar el borrador ya elaborado para que dicha aplicación sea asumida por todos y todas y pasar
a formar parte por tanto, de la Red de Ayuntamiento Socialmente Responsable.
Alhama de Murcia a 16 de Noviembre 2017
Grupo Municipal de IU-Verdes
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