ATAQUE A LAS PENSIONES

Año nuevo, recortes nuevos. Este podría haber sido el lema de nuestro Gobierno para que  los pensionistas afrontasen la pasada cuesta de enero. El día 1 del citado mes entró en vigor la reforma de las pensiones que, por una parte, irá retrasando progresivamente la edad de jubilación hasta los 67 años y, por otra, aumentará de 15 a 25 años el tiempo de cotización para calcular la prestación correspondiente.

Los pensionistas, en el año 2012, no percibieron la paga compensatoria para remediar el desfase del IPC del citado año. Durante el mismo, las pensiones solamente subieron un 1%, mientras que el IPC se incrementó en un 2,9 %. Con ello, perdieron el 1,9% de poder adquisitivo. A esto hay que añadir que también aumentaron las retenciones del IRPF para aquellos pensionistas que cobran más de 1.000 €. Se da la paradoja de que hay pensionistas a los que se les ha subido la pensión y, sin embargo, cobran menos que antes.

Pero esto no queda aquí, todas las informaciones apuntan que el Gobierno Rajoy tiene en marcha su maquinaria  para continuar reformando con mayor profundidad el sistema de pensiones. Las medidas estrella que han trascendido a través de los medios son: eliminar la obligación de subir cada año las pensiones en base al IPC, acelerar al máximo la obligatoriedad de jubilación a los 67 años y obstaculizar la jubilación anticipada, elevando la edad mínima a los 63 años  y penalizando económicamente a quien opte por ella. El objetivo final es que coticemos durante toda nuestra vida laboral para cobrar durante el menor tiempo posible. Es una simple cuestión de matemáticas y bandolerismo, muy propia de la derecha: “robar a los pobres para dárselo a los ricos”.

En la actual situación, muchas familias se mantienen a flote gracias a la pensión y a la vivienda de sus mayores. Con seis millones de parados, y más de 500 desahucios diarios, el único refugio para estos trabajadores está en el soporte familiar. Si se ataca también a los pensionistas, quedarán muchas personas, especialmente jóvenes, “en caída libre”.

Todas estas medidas no son casuales ni obedecen estrictamente a la crisis económica que padecemos, como nos quieren hacer creer. Se trata de aplicar una ideología capitalista pura y dura, para crear una sociedad en la que solamente respire y viva quien pueda pagárselo. Cuando uno deja de producir, se convierte en un estorbo que hay que eliminar. Todo lo que suene a social o solidario es enemigo del sistema, por eso estorban los sindicatos y cualquier organización que cuestione el poder del dinero.

Yo me pregunto hacia dónde vamos, y enseguida tengo la respuesta: con el deterioro de la sanidad y de la enseñanza  públicas, se quiere favorecer la implantación de hospitales y centros educativos privados; con el quebranto del sistema público de pensiones, se pretende crear la necesidad de suscribir un plan pensiones; con la eliminación de las prestaciones sociales, se propicia la vuelta a la beneficencia.

Con todas estas medidas se está poniendo a prueba la capacidad de aguante de la clase trabajadora. No sé hasta cuándo soportaremos que quieran cargarse el Estado para volver al feudalismo, convirtiéndonos en siervos y eliminando los derechos laborales que tanto nos ha costado conseguir.